RDE DIGITAL, SANTO DOMINGO. – La magistrada Ana Lee Florimón, de la Segunda Sala del Tercer Tribunal Colegiado del DN, aplazó para el 15 de enero la audiencia de solicitud de prórroga del Ministerio Público por cuatro meses, plazo máximo que puede ser otorgado por un tribunal.
La decisión fue tomada este martes cuando fueron citados por supuesta malversación estatal, Donald Guerrero, Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta para conocer el fallo ante la solicitud de prórroga que hiciera el Ministerio Público de cuatro meses para hacer formal depósito de las acusaciones a los veinte imputados en Operación Calamar.
Según expresó la jueza Florimón, el aplazamiento de la audiencia se fundamenta porque la imputada y abogada Ana Linda Fernández no se presentó por problemas de salud.
Gonzalo Castillo
En tanto, la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) dijo que es necesaria esta solicitud de cuatro meses más de plazo, el cual finalizó el 29 de noviembre.
La coordinadora de Litigación de la Pepca, Mirna Ortiz, sostuvo que todavía no han obtenido respuestas «en el tiempo hábil y oportuno» de algunos organismos, en sus diligencias que son vitales para concluir la acusación a los involucrados en el caso de corrupción.
Los imputados fueron detenidos en marzo en varios allanamientos y el 4 de abril la jueza coordinadora de los juzgados de instrucción, Kenya Romero, leyó la resolución de las medidas de coerción a todos los encartados.
En ese momento, Romero otorgó un plazo de ocho meses al órgano de persecución para someter la acusación.
Recientemente se les levantó la prisión preventiva a Peralta y a Donald Guerrero.
Gonzalo Castillo y casi todos los demás cumplen arresto domiciliario. Castillo busca el próximo jueves que le sea variada por una medida más benigna.
La jueza Ana Lee Florimón decidió también notificar por secretaría su fallo sobre la solicitud de José Ramón Peralta, de que se ordene al Ministerio Público que le entregue la carpeta fiscal con las investigaciones en su contra que se ha hecho para, según este imputado, poder defenderse de los señalamientos que se le hacen.
A los exministros José Peralta, Donald Guerrero y Gonzalo Castillo se les señala, junto a otros 17 imputados, de supuestamente estafar al Estado con más de 19,000 millones de pesos a través de pagos irregulares por terrenos declarados de utilidad pública y por alegadamente sobornar a empresarios de la construcción para que financiaran la campaña del 2020.
El fraude contra el Estado también involucra al exdirector del CEA, Luis Miguel Piccirilo; a Aldo Antonio Gerbasi Fernández, exfuncionario de la Dirección de Reconocimiento de Deuda Pública de Hacienda, y el exencargado de Juegos de Azar de Hacienda, Julián Omar Fernández Figueroa.
Asimismo, se cita en el expediente al exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, Alejandro Constanzo Sosa, Marcial Reyes, Óscar Chalas Guerrero, Agustín Mejía y Víctor Matías.
La mayoría cumple arresto domiciliario, a excepción de Donald Guerrero y José Ramón Peralta, el excontralor Daniel Omar Caamaño y el empresario Rafael Parmenio Rodríguez, quienes solo tienen impedimento de salida del país y garantías económicas de menos de cinco millones de pesos a través de una aseguradora.
