RDÉ DIGITAL, SANTIAGO.- La Asociación de Promotores y Constructores de Viviendas del Cibao (Aprocovici) denunció que agentes de la Dirección General de Migración (DGM) han ingresado a propiedades privadas y proyectos de construcción durante la madrugada sin contar con orden judicial, lo que calificó como una “vía de hecho” y un exceso contrario al Estado de derecho.
Alegatos de Aprocovici
El presidente de Aprocovici, Sandy Rodríguez, señaló que estas acciones violan derechos fundamentales de la Constitución, como la inviolabilidad del domicilio, el derecho de propiedad y el debido proceso.
“Estos operativos, ejecutados sin control judicial ni justificación legal, vulneran principios esenciales de la convivencia democrática. No puede el Estado irrumpir en propiedades privadas ni decomisar bienes sin respaldo legal”, expresó Rodríguez.
La asociación aclaró que respalda los esfuerzos del Estado por regularizar la situación migratoria de los trabajadores extranjeros, pero advirtió que estos procesos deben realizarse dentro del marco jurídico establecido.
Respuesta de Migración
Por su parte, la DGM sostuvo que cuenta con respaldo legal para inspeccionar construcciones y lugares de trabajo sin orden judicial. La entidad citó la Ley 285-04, que regula los flujos migratorios, y el Artículo 6, numeral 14, que faculta a la Dirección a inspeccionar lugares de trabajo.
Además, indicó que el Artículo 107 permite tomar medidas para verificar el cumplimiento de la ley, sin perjuicio de las acciones del Ministerio de Trabajo. La DGM insistió en que estas incursiones se realizan solo cuando hay evidencias de indocumentados y siempre dentro del marco legal, priorizando la seguridad ciudadana y la integridad del territorio nacional.
Riesgo para la inversión y el marco legal
El equipo jurídico de Aprocovici argumenta que estas actuaciones contravienen la Constitución, citando los artículos 44, 51, 68 y 69, y también señalan que la Ley 285-04 no autoriza el ingreso sin orden judicial ni el decomiso de bienes fuera de procedimientos formales.
Rodríguez advirtió que estas acciones ponen en riesgo la imagen del país como destino seguro para la inversión y generan incertidumbre en los sectores productivos. Exhortó a las autoridades a revisar los protocolos de actuación de Migración para garantizar el respeto a la ley y la propiedad privada.
“El respeto a la ley y a la propiedad privada es la base de la seguridad jurídica. Pedimos mantener el equilibrio entre el control migratorio y la protección de derechos constitucionales”, añadió el dirigente.
