RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- El presidente Luis Abinader promulgó el Decreto núm. 396-25 que aprueba el Reglamento de Aplicación de la Ley núm. 368-22 sobre Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos, con el objetivo de fortalecer la planificación del desarrollo urbano y rural en República Dominicana.
La información la dio a conocer el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta Romero, quien destacó que el reglamento se produjo tras un proceso de elaboración y consulta liderado por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, a través del Viceministerio de Ordenamiento Territorial.
Durante su preparación, el reglamento fue sometido a consulta pública y discutido en mesas técnicas con participación de distintos organismos estatales, incluidos los ministerios de la Presidencia, Turismo y Vivienda, así como asociaciones municipales y representantes del sector privado.
Entre las principales disposiciones, el reglamento establece la responsabilidad de los gobiernos locales de formular y aprobar sus propios planes de ordenamiento territorial, que servirán como base para autorizar el desarrollo de obras e infraestructuras en función de la capacidad y vocación del suelo de cada zona.
En áreas con potencial turístico, los proyectos deberán contar con un permiso de uso de suelo del ayuntamiento correspondiente y una certificación de no objeción por parte del Ministerio de Turismo, como medida para garantizar la sostenibilidad y coherencia con los planes nacionales de desarrollo.
Ministerio de Economía fungirá como responsable
Además, el Ministerio de Economía será la entidad responsable de certificar qué distritos municipales cumplen con las condiciones necesarias para gestionar de manera autónoma el uso del suelo, conforme a los criterios establecidos en la Ley 368-22.
La implementación del reglamento forma parte de los esfuerzos del Gobierno para fomentar un desarrollo más equilibrado y sostenible en todo el territorio nacional, mediante una planificación que incorpore criterios técnicos, ambientales y sociales.
Según las autoridades, la nueva normativa busca promover una ocupación ordenada del territorio, mejorar la calidad de vida de la población y evitar conflictos derivados del crecimiento urbano descontrolado.
