RDÉ DIGITAL, MADRID.- El Gobierno español ha promulgado una Ley de Influencers para regular esta actividad y proteger a los consumidores, especialmente a los más jóvenes, de posibles contenidos y publicidades nocivas.
La regulación busca equiparar a los influencers con otros actores del sector audiovisual, estableciendo criterios concretos para definir quiénes son considerados influencers y cuáles son sus obligaciones.
Para ser considerado un influencer o “usuario de especial relevancia”, se deben cumplir tres requisitos fundamentales:
1. Generar ingresos anuales de al menos 300.000 euros, identificando así a aquellos creadores de contenido con un impacto significativo en el ámbito digital y que han monetizado su influencia de forma considerable.
2. Contar con un mínimo de un millón de seguidores en una plataforma de vídeos específica, o dos millones en todas las aplicaciones, reflejando la relevancia y alcance del influencer en el panorama digital.
3. Publicar al menos 24 vídeos al año, demostrando un compromiso activo con la generación de contenido y una presencia constante en las plataformas digitales.
Una vez que se cumplen estos criterios, se imponen obligaciones para garantizar la transparencia, proteger a los consumidores y promover prácticas publicitarias responsables. Entre estas obligaciones se encuentran:
1. Etiquetar de forma clara todo el contenido publicitario para evitar confusiones entre publicidad y contenido orgánico, asegurando la transparencia hacia los seguidores.
2. Prohibir la publicidad de productos nocivos como tabaco, alcohol, medicamentos y juegos de azar dirigidos a menores de edad, protegiendo la salud y el bienestar de los consumidores más jóvenes.
3. Regular la publicidad de bebidas alcohólicas, permitiendo la promoción de bebidas con más de 20 grados alcohólicos solo en horarios nocturnos y restringiendo la publicidad de bebidas con menos de 20 grados alcohólicos durante el día.
4. Registrar obligatoriamente a los influencers que cumplan con los requisitos en una plataforma online proporcionada por el Ministerio de Economía, facilitando el control y seguimiento de su actividad.
Es importante señalar que esta ley afectará a un número limitado de creadores de contenido que cumplan con los criterios establecidos, mientras que aquellos que no alcancen estos estándares no estarán sujetos a estas regulaciones.
Además, las condiciones impuestas por esta ley coinciden en gran medida con las aplicadas a los medios tradicionales bajo la Ley General de Comunicación Audiovisual de 2022, reflejando la adaptación del Gobierno a las nuevas realidades del panorama digital.
