RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- Las recientes declaraciones del director ejecutivo del Fideicomiso Pro-Pedernales, Sigmund Freud, sobre la licitación del Aeropuerto Internacional de Pedernales generan bastantes dudas.
Primero, porque a pesar de sus afirmaciones de que la entidad «cumplió con su deber», el proceso de contratación ha estado bajo la sombra de la controversia, especialmente por la participación de la empresa española Acciona, cuyo historial está plagado de escándalos por sobornos, corrupción y lavado de activos.
Y segundo porque Acciona, que obtuvo la adjudicación del proyecto del aeropuerto, ha sido sancionada en varios países y está bajo investigación por prácticas corruptas.
¿Cómo fue posible?
El proceso que permitió a Acciona ganar la licitación del Aeropuerto Internacional de Cabo Rojo en Pedernales ha sido objeto de críticas. La preocupación principal radica en cómo una empresa con un historial de sanciones y escándalos logró superar los filtros de debida diligencia que «se aplican» a los proveedores del Estado.
Según Freund, la entidad validó el registro de proveedor de Acciona, emitido en enero de 2024, y dos meses después se le adjudicó el contrato. Sin embargo, lo preocupante es que, a pesar de su historial y estar sancionada internacionalmente, Acciona no fue inhabilitada en el país.
Acciona y otras empresas implicadas
Acciona no es la única empresa involucrada en la licitación que ha sido cuestionada. Otras compañías finalistas, como Remix y Acero Estrella, también han estado vinculadas a casos de corrupción.
– Remix fue mencionada en el Caso Medusa, un escándalo de corrupción que implicó a la Procuraduría General de la República bajo la gestión de Jean Alain Rodríguez. En dicho caso, se reveló que Remix ajustó sus ofertas a sugerencias de la Procuraduría y realizó pagos de «extorsión» para obtener contratos adjudicados irregularmente.
– Acero Estrella, por su parte, fue parte del consorcio que construyó la central termoeléctrica de Punta Catalina, junto con la brasileña Odebrecht. Este proyecto estuvo marcado por acusaciones de sobornos y sobrecostos de más de 39 millones de dólares. Odebrecht admitió haber pagado millones en sobornos para obtener contratos, y Acero Estrella fue mencionada como socio local.
¿Acaso no existe la debida diligencia?
La normativa de contrataciones públicas en República Dominicana exige que se realice una exhaustiva evaluación del historial de las empresas contratistas. Este proceso, conocido como debida diligencia, busca identificar riesgos legales, reputacionales y financieros asociados a los proveedores.
La Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas (DGCP), dirigida por Carlos Pimentel, ha establecido lineamientos claros en el «ABC de la debida diligencia en las contrataciones públicas».
Este documento estipula que cualquier empresa con investigaciones judiciales o una cobertura mediática negativa debe ser clasificada como de alto riesgo.
Acciona, que ha sido sancionada en varios países por corrupción y está involucrada en múltiples investigaciones, claramente encaja en esta categoría de alto riesgo. Sin embargo, el proceso de debida diligencia en este caso parece haber sido insuficiente o, peor aún, ignorado.
A pesar de cumplir con los criterios de alto riesgo, Acciona fue adjudicada sin que se tomaran en cuenta las implicaciones potenciales para la integridad del Estado dominicano.
¿Qué pasó con la normativa?
El «ABC de la debida diligencia» establece que las instituciones públicas deben clasificar a las empresas con antecedentes judiciales o mediáticos negativos como de alto riesgo. Esto requiere que se realicen investigaciones mucho más profundas antes de adjudicar contratos.
Las plataformas gubernamentales y fuentes públicas, como medios de comunicación y bases de datos comerciales, deben ser utilizadas para recopilar información que permita tomar decisiones informadas.
En el caso de Acciona, el hecho de que no se aplicaran estos criterios de manera rigurosa pone en duda la efectividad del sistema de control de riesgos. Acciona ha sido sancionada en España, Brasil, México, Perú y Bolivia, y está bajo investigación en otros países.
Además, su historial de escándalos por sobornos y corrupción ha generado una extensa cobertura mediática negativa. ¿Cómo es posible que estos factores no se tomaran en cuenta al evaluar su idoneidad para un contrato de tal magnitud?
Un riesgo para el Estado
El caso de Acciona representa un riesgo significativo para la República Dominicana. La normativa de debida diligencia estipula que cuando el riesgo es alto, como en este caso, el proceso de investigación debe ser exhaustivo.
Acciona no solo tenía un historial cuestionable, sino que también ha estado en el centro de investigaciones judiciales internacionales. Ignorar estas señales pone en peligro la reputación del país y podría tener consecuencias legales y financieras a largo plazo.
Además, la falta de transparencia en el proceso de adjudicación mina la confianza pública en las instituciones y en la capacidad del Gobierno para gestionar grandes proyectos de infraestructura de manera ética y eficiente.
¿Qué sigue?
La adjudicación de la construcción del Aeropuerto Internacional de Pedernales a una empresa como Acciona genera serias dudas sobre la aplicación de la normativa de contrataciones públicas en el país.
El riesgo reputacional para el Estado es alto, y la responsabilidad de prevenir futuras irregularidades recae en las entidades encargadas de supervisar las contrataciones públicas.
