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Aseguran Estado cedió soberanía en Mar Caribe

RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- A pesar de que el Tribunal Constitucional aprobó, con varios votos disidentes, el acuerdo marítimo entre el país y el Reino de los Países Bajos, persisten las críticas de diversas organizaciones que consideran que el pacto compromete la soberanía dominicana sobre amplias áreas del mar Caribe.

La sentencia, emitida el 18 de octubre, ha generado un intenso debate en el ámbito político y social.

El líder del Partido Fuerza Nacional Progresista, Pelegrín Castillo, ha calificado el acuerdo como «inconstitucional, poco transparente y antinacional».

Según Castillo, la ratificación del convenio por el Congreso Nacional podría debilitar la posición del país en futuras negociaciones sobre delimitación marítima con otras naciones.

Castillo también expresó preocupación por la posible pérdida de recursos estratégicos en áreas clave del mar Caribe, instando a los legisladores a rechazar el tratado.

Por su parte, el Partido Fuerza del Pueblo también se opone a la aprobación del acuerdo, argumentando que no solo afecta la soberanía nacional, sino que también pone en riesgo los intereses económicos del país.

Según esta agrupación, la validación del tratado podría limitar el acceso de la República Dominicana a recursos marítimos importantes, y llamó al Congreso a rechazar el convenio.

En la sentencia del Tribunal Constitucional, que contó con cuatro votos disidentes, el juez José Alejandro Vargas justificó su oposición al considerar que el acuerdo es inconstitucional y perjudica los intereses marítimos del país.

Vargas señaló que los términos del pacto no son favorables para la nación y podrían generar precedentes negativos en futuras negociaciones marítimas.

Actualmente, se espera que el Poder Ejecutivo someta el convenio ante el Congreso Nacional, donde será discutido antes de ser ratificado o rechazado.

El debate en torno al acuerdo continúa, y tanto las fuerzas políticas como diversos sectores de la sociedad civil mantienen la atención sobre el impacto que la decisión podría tener en la soberanía y los recursos marítimos de la República Dominicana.

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