RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- La Asociación de Importadores de Vehículos Usados (ASOCIVU) presentó dos demandas legales contra el Decreto número 420-23 que establece el Reglamento para el Registro Nacional de Vehículos de Motor y las licencias para los concesionarios y distribuidores.
ASOCIVU busca la suspensión provisional y la anulación total del decreto 420-23, respectivamente, mediante una Solicitud de Adopción de Medida Cautelar y un Recurso Contencioso Administrativo, dirigidos contra la Administración Pública que promulgó el Decreto Número 420-23 de fecha 18 de septiembre de 2023 que aprueba el Reglamento para el Registro Nacional de Vehículos de Motor y Remolques, Licencias para concesionarios, distribuidores, vendedores y clasificación de las placas, y contra la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), en su calidad de entidad convocante y organismo administrativo responsable de la gestión del Registro Nacional de Vehículos de Motor, así como la autoridad exclusiva para la emisión de la licencia de concesionario, distribuidor o vendedor de vehículos de motor y remolques.
El origen del conflicto se deriva, según las afirmaciones y pruebas documentales presentadas por ASOCIVU, la DGII y la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo recibieron el 17 de octubre de 2022, de parte de ASOCIVU, ANADIVE y ADECI, -las 3 asociaciones de importadores de vehículos usados que agrupan a la mayoría de los concesionarios de República Dominicana-, una matriz que contenía decenas de observaciones técnicas y jurídicas, comentarios y observaciones contra el borrador del mencionado reglamento, y el equipo técnico de la DGII, les aseguró estudiar todo y convocarles nuevamente antes de dictar el decreto, conforme lo establece el procedimiento de dictado de normas de la Administración Pública, según la Ley núm. 107-13, sobre Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración Pública y de Procedimiento Administrativo, así como las disposiciones de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública y su Reglamento de Aplicación.
No obstante, sorpresivamente casi 1 año después, la DGII sorprende al sector de vehículos usados con la publicación del Decreto número 420-23 en sus redes sociales y la página institucional, el cual contiene más del 50% de las observaciones realizadas en el proceso de consulta del borrador, entre ellas las prohibiciones de las importaciones de los vehículos japoneses, coreanos, reconstruidos de EEUU, excesos de discrecionalidad para la DGII emitir, según su parecer y en cualquier momento, nuevos requisitos al sector, no contenidos ni en la Ley 63-17, que regula el sector, ni tampoco contenidos en el mismo Decreto 420-23.
Como resultado de esta situación, las asociaciones de importadores de vehículos usados mantuvieron múltiples reuniones con el director general de la DGII y todo su equipo, con la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, y también fueron recibidos en varias ocasiones por el presidente de la República, Luis Abinader, quienes en reiteradas ocasiones prometieron modificar el contenido del Decreto que vulnera los derechos de los importadores de vehículos usados.
ASOCIVU sostiene que se han agotado todos los mecanismos de diálogo institucionales a todos los niveles de la jerarquía del Estado durante meses, y espera que con estas acciones legales, los concesionarios puedan obtener certeza, equidad y justicia para el sector, clamando ante el Poder Judicial, los principios de seguridad jurídica, confianza legítima e igualdad ante la ley en un Estado Social y Democrático de Derecho como es la República Dominicana.
