Por Jeimy Moquete
RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- Las autoridades dominicanas han intensificado los controles sobre comercios que emplean extranjeros en condición migratoria irregular, como parte de una ofensiva conjunta entre la Dirección General de Migración (DGM) y la Dirección General de Aduanas (DGA) para garantizar el cumplimiento de las leyes laborales, migratorias y fiscales.
La DGM informó que aplicará sanciones económicas conforme al artículo 132 de la Ley General de Migración No. 285-04, que contempla multas de entre 5 y 30 salarios mínimos del sector público a las empresas que contraten trabajadores sin estatus legal en el país.
Durante recientes operativos en el Gran Santo Domingo, las autoridades detuvieron a 92 ciudadanos haitianos sin documentación migratoria. Los controles se extenderán progresivamente a otras regiones del país, advirtió la institución.
Según la DGM, estas acciones buscan frenar la competencia desleal en el mercado formal, ya que el uso de mano de obra irregular permite a ciertos negocios reducir costos, en detrimento de los derechos laborales, la equidad fiscal y la sostenibilidad del sistema de seguridad social.
Auditorías a comercios importadores
En paralelo, la DGA ejecuta un programa de fiscalización a posteriori dirigido especialmente a comercios de origen chino dedicados a la importación de artículos para el hogar y ferretería. Solo la semana pasada, cinco establecimientos en Santo Domingo y Santiago fueron auditados tras detectarse irregularidades en sus declaraciones aduaneras.
Las auditorías se respaldan en la Ley de Aduanas No. 168-21, que autoriza a la entidad a revisar operaciones realizadas hasta tres años atrás, con el objetivo de corregir la evasión de impuestos y fortalecer la recaudación estatal.
Orden económico y competitividad
Ambas instituciones sostienen que estas medidas buscan equilibrar el entorno económico, reducir la informalidad y asegurar que todos los actores operen bajo las mismas condiciones legales. También enfatizaron su compromiso con la transparencia, el orden fiscal y el respeto al Estado de derecho económico.
Estas acciones forman parte de una política más amplia para proteger al comercio formal, impulsar la competitividad y promover una economía inclusiva y sostenible.
