RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- La baja inversión pública en los últimos años está comenzando a tener efectos negativos en la calidad de vida de los dominicanos, según expertos en finanzas y economía. La falta de proyectos de infraestructura, como nuevas carreteras, acueductos, puentes y metros, se hace cada vez más evidente, lo que ha generado inquietud sobre el futuro del desarrollo del país.
En particular, el periodo de ocho años del presidente Luis Abinader podría quedar registrado como el de menor inversión pública presupuestada y ejecutada en los últimos 60 años, si no se producen cambios significativos en las proyecciones gubernamentales.
Durante este tiempo, los montos destinados a inversión pública han sido históricamente bajos, con una caída alarmante en comparación con periodos anteriores.
En 2023, el monto de la inversión pública presupuestada representó solo un 2.3 % del Producto Interno Bruto (PIB), y en 2024 este porcentaje disminuyó aún más a un 2.1 %.
Esta disminución en la inversión en infraestructura se atribuye a la creciente carga del gasto corriente, especialmente por el aumento de los pagos de intereses de la deuda, que ha absorbido una gran parte de los recursos.
En los últimos tres años, los pagos de intereses de la deuda han incrementado un 20 % anual, lo que ha obligado al Gobierno a ajustar la inversión pública, dejando de lado muchos proyectos esenciales.
Como resultado, el gasto en inversión pública podría mantenerse por debajo del 2 % del PIB en los próximos años, lo que pone en peligro el crecimiento y el bienestar del país.
A pesar de los esfuerzos por aumentar la ejecución de la inversión mediante adelantos de impuestos y recursos extraordinarios, la situación sigue siendo preocupante. En 2023, gracias a un acuerdo de renegociación con AERODOM, se pudo aumentar la ejecución de la inversión a un 2.7 % del PIB, pero las proyecciones para 2025-2028 siguen siendo bajas, con una inversión pública estimada en solo el 2.2 % del PIB.
La clase media y los ciudadanos en general han expresado su frustración con la falta de avances en infraestructura, lo que afecta directamente su calidad de vida. Además, en las vistas públicas realizadas por el Congreso sobre la reforma fiscal, la inversión pública fue uno de los pocos aspectos que no se cuestionó, dejando claro que la población reconoce la necesidad urgente de mejorar la infraestructura del país.
Sin embargo, la reforma fiscal sigue siendo un tema pendiente, y muchos consideran que sin un ajuste fiscal adecuado, el problema continuará empeorando.
A pesar de que las Alianzas Público-Privadas (APP) podrían jugar un papel importante en el desarrollo de ciertos proyectos, los expertos señalan que estas no son suficientes para cubrir las grandes necesidades de infraestructura que enfrenta el país.
Por ello, se hace un llamado a una reforma fiscal estructural que priorice proyectos de alta rentabilidad social, como obras de infraestructura, para lograr un equilibrio fiscal sin sacrificar el desarrollo y la calidad de vida de los ciudadanos. Sin una inversión pública adecuada, el futuro del país podría verse seriamente comprometido.
