RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- El director de Migración, vicealmirante Luis Rafael Ballester, respondió a la solicitud de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (Acoprovi) para la regularización de 87,000 trabajadores haitianos.
Ballester destacó que cualquier solución debe estar en línea con el cumplimiento de la Ley de Migración No. 285-04.
En una declaración, Ballester explicó que el Gobierno ha mantenido un diálogo abierto con todos los sectores involucrados, incluyendo a Acoprovi, pero insistió en que la situación exige un respeto estricto al ordenamiento jurídico para garantizar tanto el control migratorio como la seguridad nacional.
“La situación actual exige un estricto respeto al ordenamiento jurídico para garantizar el control migratorio y la seguridad ciudadana”, afirmó.
El director de Migración también reiteró que la posición del Gobierno permanece firme en cuanto al cumplimiento de la ley, que regula la entrada y permanencia de extranjeros en el país, aunque dejó abierta la posibilidad de continuar el diálogo con Acoprovi para evaluar propuestas adicionales.
Solicitud de Acoprovi
Por su parte, Acoprovi solicitó la regularización de al menos 87,000 trabajadores haitianos, debido a la falta de permisos laborales y las repatriaciones desorganizadas que, según la organización, están afectando la estabilidad del sector construcción.
Annerys Meléndez, presidenta de Acoprovi, explicó que el sector cumple con la normativa del 80/20 en la contratación de mano de obra extranjera, pero que la ausencia de un proceso estructurado de permisos ha generado incertidumbre en la industria.
“La falta de permisos de trabajo y las repatriaciones sin planificación están impactando negativamente el desarrollo de nuestros proyectos”, comentó Meléndez. Aseguró que el sector construcción, que genera aproximadamente 435,000 empleos formales, requiere al menos 87,000 permisos de trabajo para cumplir con la normativa vigente.
Meléndez agregó que la regularización de estos trabajadores no debe ser vista como una medida para expulsar a los haitianos, sino como una forma de regularizar su estatus laboral de manera efectiva, asegurando la continuidad de los proyectos en curso.
