RDÉ DIGITAL, ESTADOS UNIDOS.- Beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) para Venezuela y Haití presentaron una solicitud ante un juez federal en California para suspender la orden de la Casa Blanca que pone fin al amparo migratorio en los próximos meses.
La medida expone a aproximadamente 350,000 venezolanos y cerca de 500,000 haitianos a la posibilidad de deportación.
Durante la audiencia en la corte de San Francisco, los demandantes pidieron que la corte bloquee la orden emitida por la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, de terminar las protecciones del TPS para los inmigrantes de estas dos naciones mientras se resuelve el litigio.
La demanda alega que el fin del TPS responde a motivos “racistas” y que Noem carece de autoridad para cancelar el programa, dado que la administración de Joe Biden había extendido el amparo por 18 meses.
La Alianza Nacional del TPS, que agrupa a miles de beneficiarios del programa y organizaciones aliadas, lidera la demanda en el caso. José Palma, coordinador de la Alianza Nacional del TPS, declaró que “la cancelación del TPS para las comunidades venezolana y haitiana no solo es ilegal, sino también profundamente perjudicial para las familias que han buscado refugio ante un peligro inimaginable”.
El litigio busca proteger a más de un millón de beneficiarios del TPS de ambos países.
Un demandante venezolano, identificado como E.R., expresó su preocupación “me sentí conmocionado y devastado cuando supe que nos iban a retirar el TPS en tan solo una semana. El TPS nos ha dado seguridad. No podemos regresar a Venezuela con seguridad”. Si la corte no interviene, la protección de este demandante expiraría el próximo 2 de abril.
La Alianza TPS fue formada tras el intento de la administración de Donald Trump en 2018 de terminar con este amparo para varios países, lo que fue posteriormente derrotado en un tribunal federal.
Los demandantes están siendo representados por la Red Nacional de Jornaleros (NDLON), la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) de los territorios Norte y Sur de California, el Centro de Derecho y Políticas de Inmigración de la Universidad de California Los Ángeles (UCLA) y la Alianza Puente Haitiana.
Emi MacLean, abogada de la ACLU del Norte de California, subrayó que la secretaria Noem “no tiene la facultad de eliminar las protecciones del TPS ni socavar la integridad de un programa autorizado por ley”.
