RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- La administración de los bienes públicos dominicanos, valorados en 42,000 millones de pesos, enfrenta un entramado complejo de expropiaciones sin indemnización, terrenos abandonados y esquemas mafiosos que defraudaron al Estado por sumas millonarias. Rafael Burgos Gómez, director de la fusión casi concluida entre la Dirección General de Bienes Nacionales, el Consejo Estatal del Azúcar (CEA) y la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE), describió este panorama en un reciente almuerzo con el Grupo Corripio.
Expropiaciones históricas frenan titulación.
Desde la década de 1960, numerosas expropiaciones para urbanizaciones sociales se realizaron sin pago a los propietarios originales, lo que dificulta la regularización y titulación definitiva de esos terrenos. Actualmente, unas 600 urbanizaciones permanecen pendientes de titulación, situación que retrasa el acceso formal de miles de familias a la propiedad y su inclusión en la economía formal.
Burgos afirmó que el gobierno de Luis Abinader no ha vendido terrenos estatales, salvo aquellos destinados a fideicomisos aprobados por el Congreso para proyectos de desarrollo. La meta oficial es entregar 300,000 títulos de propiedad durante este período, beneficiando barrios como Domingo Savio, La 40 y Los Tres Brazos, donde se entregarán 6,000 títulos inicialmente.
Recuperación de tierras y lucha contra el abandono
La recuperación de tierras ha comenzado en provincias afectadas como San Pedro de Macorís, La Romana y Hato Mayor, donde se rescataron 25,000 tareas para reincorporarlas a la producción agrícola, especialmente caña. Burgos destacó que gran parte de los terrenos del CEA están bajo arrendamientos dispersos o abandonados, con un millón de tareas rentadas y deudas por cobrar de 8,000 millones de pesos.
La lucha contra la invasión y el abandono ha sido intensa, enfrentando contratos irregulares y múltiples ocupaciones ilegales que han desestimulado la producción y el control efectivo de estos activos.
Desarticulación de mafias y saneamiento institucional
Uno de los logros clave ha sido la desarticulación de más de 300 mafias que operaban dentro de Bienes Nacionales y el CEA, involucradas en contratos fraudulentos, sobrevaluaciones, ventas múltiples y cobros indebidos. Estas redes criminales provocaron pérdidas millonarias al erario público.
Además, se descubrieron 3,700 empleados fantasma protegidos por el Código de Trabajo, cuyos despidos implicaron pagos por 650 millones en prestaciones. Burgos relató casos emblemáticos de abusos laborales y judiciales que complicaron el saneamiento institucional, pero aseguró que el proceso avanza firmemente hacia la transparencia y eficiencia en la gestión de los bienes estatales.
Este diagnóstico, resultado del Primer Censo Patrimonial del Estado (2023-2024), pone en evidencia la urgente necesidad de consolidar la fusión de las entidades y profundizar las reformas para garantizar el buen uso, regularización y desarrollo de los activos públicos dominicanos.
