RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO (EFE).- La República Dominicana es un país de contrastes. Aunque está viviendo un periodo de bonanza económica, enfrenta problemas de corrupción y transparencia, así como marcadas desigualdades en desarrollo humano, educación y sanidad de calidad para todos. Estas brechas han sido temas centrales en la campaña para las elecciones legislativas y presidenciales del domingo.
Desde el Presupuesto General del Estado de 2013, la República Dominicana destina el 4 % de su producto interior bruto (PIB) a la educación pública preuniversitaria, lo que significa que el ministerio de ese sector maneja recursos muy elevados, como los 297,041 millones de pesos asignados para este año (más de 5,000 millones de dólares).
El Gobierno de Danilo Medina (2012-2020) fue el primero en manejar ese 4 % del PIB y ordenó la construcción de miles de aulas en todo el país, un ambicioso proyecto que buscaba invertir el presupuesto de educación en lo que consideró prioritario.
Durante sus ocho años en el poder, Medina construyó numerosas escuelas, pero el nivel educativo de los estudiantes dominicanos permaneció rezagado mientras que el sindicato de maestros lograba aumentos salariales, como el que está exigiendo actualmente.
Sin embargo, el ministerio con el mayor presupuesto anual no ha logrado avances significativos en la calidad de la enseñanza, lo que ha llevado a muchas voces, incluyendo la del Gobierno, a plantear la necesidad de alcanzar un acuerdo nacional para determinar la mejor manera de invertir esos recursos.
Aunque queda mucho por hacer, en diciembre pasado las autoridades destacaron que la República Dominicana mejoró 16 puntos en el Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos (PISA) de 2022, la primera vez que esto ocurría desde 2015, cuando el país ingresó a ese sistema de medición mundial de las aptitudes de los estudiantes de primaria en matemáticas, ciencias y lectura.
En las anteriores ocasiones, la República Dominicana estuvo en los últimos lugares en esas pruebas, a pesar de los elevados fondos destinados a la educación pública.
El crecimiento no llega a la mayoría
El constante crecimiento de la economía dominicana no se ha traducido en una mejor calidad de vida para la mayoría de los habitantes.
En marzo pasado, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) informó que persisten las desigualdades estructurales que limitan una mejora significativa en la calidad de vida de toda la ciudadanía.
La Plataforma Territorial de Desarrollo Humano República Dominicana establece que este país, en un periodo de siete años, ha perdido alrededor de un 22 % de su potencial de desarrollo humano debido a las brechas de desigualdad territoriales en el acceso a servicios sociales básicos como salud, educación y generación de ingresos.
La agencia precisa que, por cada 1,000 nacidos vivos, alrededor de 17 niños fallecen antes de alcanzar su primer año, una cifra que supera con creces la media de la región.
La República Dominicana exhibe la tercera tasa de mortalidad infantil más alta en América Latina y el Caribe, solo superada por Haití y Dominica.
La corrupción
De acuerdo al Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) emitido este año por Transparencia Internacional, el país sigue mostrando algunos avances gracias al desarrollo del gran movimiento de lucha contra ese flagelo que se produjo entre 2017 y 2019.
En un informe divulgado por esa organización, se destaca que pocos países han avanzado en el IPC con mejoras significativas, y que solo se registran siete naciones en el mundo, entre ellas la República Dominicana.
Sin embargo, el mismo informe menciona la demora en los procesos judiciales, advirtiendo de casos que han quedado impunes por esta razón.
Afirma que estos elementos son motivo de preocupación y un posible obstáculo para el avance en la lucha contra la corrupción y la criminalidad.
Los tribunales dominicanos siguen varios expedientes de presunta corrupción cometida en el Gobierno anterior.
Por otra parte, una de las acusaciones más sonoras fue el escándalo de la brasileña Odebrecht, que afirmó haber pagado 92 millones de dólares en sobornos en el país entre 2001 y 2014 para la construcción de 17 infraestructuras.
La investigación dominicana no se realizó, al parecer, de manera rigurosa y, de 14 acusados originalmente, dos fueron condenados y están en libertad condicional tras llevar el caso hasta la Suprema Corte de Justicia, que tendrá la última palabra.
