RDÉ DIGITAL, SAN SALVADOR.– Un grupo de 2,500 efectivos de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional de El Salvador fue desplegado en la colonia 10 de Octubre, en San Marcos, San Salvador Sur, durante la madrugada de este lunes. El presidente Nayib Bukele informó en su cuenta de X (anteriormente Twitter) que la acción responde a la presencia de pandilleros en la zona, identificados a través de inteligencia policial.
“Inteligencia policial ha determinado que en la colonia 10 de Octubre se encuentra un grupo de pandilleros escondidos”, expresó Bukele en la red social, asegurando que el operativo tiene como objetivo “extraer hasta el último pandillero que se encuentre en el área”. El despliegue cuenta con la participación de 2,000 soldados y 500 policías, quienes se observan en un video compartido por el mandatario movilizándose por el área, revisando viviendas y estableciendo puntos de control.
Cerco de seguridad y régimen de excepción
Este nuevo cerco se suma a otras intervenciones en diferentes zonas del país centroamericano bajo el régimen de excepción, en vigor desde marzo de 2022. La medida fue adoptada después de un violento fin de semana en el que más de 80 personas fueron asesinadas, lo que, según investigaciones del medio salvadoreño *El Faro*, se originó tras la ruptura de un presunto pacto entre el gobierno y bandas criminales. Desde su implementación, el régimen de excepción ha suspendido varias garantías constitucionales, incluyendo el derecho a la defensa y la inviolabilidad de las comunicaciones.
Con más de 81,900 detenciones de presuntos pandilleros y colaboradores, la medida se ha convertido en la principal estrategia del gobierno de Bukele en su lucha contra el crimen organizado. Este plan de seguridad le ha asegurado altos niveles de aprobación y fue clave en su reelección inmediata, pese a que la constitución salvadoreña prohíbe la reelección presidencial consecutiva.
Críticas y denuncias de derechos humanos
A pesar de los elogios de algunos sectores, el régimen de excepción ha generado una amplia controversia tanto dentro como fuera de El Salvador. Diversas organizaciones humanitarias han alertado sobre posibles abusos de poder y violaciones de derechos humanos. Hasta la fecha, se han registrado más de 6,400 denuncias de violaciones de derechos humanos, con señalamientos de detenciones arbitrarias y torturas. Además, se han reportado al menos 300 muertes de detenidos bajo custodia estatal, la mayoría de ellos con signos de violencia, lo que ha generado preocupaciones sobre la situación de los detenidos y las condiciones en las que se encuentran.
El gobierno de Bukele ha defendido estas acciones como necesarias para “liberar al país de la violencia de las pandillas”, argumentando que los métodos aplicados en el régimen de excepción son efectivos para mantener la seguridad y la paz en las comunidades. Sin embargo, organizaciones internacionales y defensores de derechos humanos cuestionan la falta de transparencia y las condiciones de detención de los capturados, destacando la necesidad de un balance entre la seguridad pública y el respeto a los derechos fundamentales.
El despliegue en la colonia 10 de Octubre representa un nuevo capítulo en la estrategia de seguridad del gobierno, centrada en la mano dura contra las pandillas. Con este cerco de seguridad, el Ejecutivo busca extender su control territorial y enviar un mensaje claro sobre su postura frente al crimen organizado.
