RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- La Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) ha destinado RD$624,495,464 en su presupuesto anual para auditorías externas de entidades gubernamentales, pero no ha publicado ningún informe de auditoría en los últimos ocho meses.
La última auditoría disponible, realizada en octubre de 2023, marca el fin de las publicaciones hasta la fecha.
Desde ese momento, la CCRD ha enfrentado conflictos internos que han requerido la intervención del Congreso. La entidad cuenta con al menos 242 empleados dedicados al levantamiento de auditorías y la elaboración de informes sobre ejecuciones presupuestarias y gastos estatales, funciones centrales de la Cámara.
Asimismo, el presupuesto total, RD$97,265,924 se destinó a la oficina de Evaluación y Fiscalización de Patrimonio y RD$18,855,000.20 para auditorías, sin que se hayan reportado resultados significativos.
A pesar de la falta de informes publicados, el Pleno de la Cámara gastará este año RD$247,599,862 en sueldos y viáticos, equivalente al 14.8 % de su presupuesto total.
Mientras que, los sueldos de los miembros del Pleno superan los de la mayoría de los funcionarios estatales, con el presidente ganando RD$ 423,500, los vicepresidentes RD$379,097, y los asistentes departamentales entre RD$99,000 y RD$206,900.
El presupuesto total es de RD$1,672,196,994.58, de los cuales RD$1,524,248,087 provienen del Presupuesto General del Estado y RD$147,978,908 de acumulados de presupuestos anteriores.
La Cámara también maneja un presupuesto de seguridad militar de RD$44,292,082 y un gasto de RD$9,328,000 en la oficina de Acceso a la Información.
A pesar de la falta de publicaciones de auditorías, la Dirección de Recursos Humanos, la Dirección Administrativa y Comunicación Estratégica han reportado gastos de RD$127,377,288.80, RD$146,379,250.00 y RD$44,456,501, respectivamente.
La entidad realiza diversas auditorías e investigaciones especiales, incluyendo auditorías financieras, de gestión, de cumplimiento, control previo y forenses. En algunos casos, se recurre a firmas privadas para llevar a cabo estas auditorías, con el objetivo de fiscalizar el gasto gubernamental y garantizar la transparencia en su uso.
Sin embargo, hasta el momento, la Cámara ha limitado sus actividades externas a la solicitud de declaraciones patrimoniales de funcionarios al asumir, ratificar o cesar en sus puestos.
