RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- La Cámara de Diputados dejó ayer pendientes de aprobación cuatro contratos de préstamos destinados a programas gubernamentales, estimados en US$490 millones.
Dos de los contratos de préstamos fueron enviados a comisión para su estudio, mientras que otros dos ya cuentan con los informes, pero aún están pendientes de aprobación y no fueron debatidos por los legisladores.
Los empréstitos estarían destinados a distintos programas del Gobierno, entre ellos, sector salud, emergencias ante daños causados por fenómenos naturales y sistema eléctrico.
De los dos que estuvieron contemplados en agendas anteriores, pero no fueron conocidos ayer el primero contempla un monto de US$200 millones y, de acuerdo a la pieza que lo propone, se usará para el financiamiento del proyecto de respuesta a emergencias en el país.
El propósito de los fondos, en caso de que la iniciativa sea aprobada, es apoyar la respuesta de emergencia ante desastres naturales y, además, contempla partidas financieras para la recuperación, rehabilitación y reconstrucción de las infraestructuras que se dañen por los fenómenos naturales.
El segundo préstamo agendado pendiente de debatirse en sesión, asciende a 190 millones de dólares. El contrato será pactado con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y busca financiar un programa de apoyo al Sistema Nacional de Salud.
Según los argumentos de la pieza, el proyecto busca que se mejore la capacidad de los proveedores de asistencia sanitaria pública para prestar servicios de calidad y además invertir más recursos en infraestructuras y equipos de salud, con un enfoque especial en el área neonatal.
Enviados a estudio
Los otros dos préstamos registrados en la agenda de ayer aún no cuentan con informe y fueron enviados a la comisión de Hacienda para su análisis, según la información original publicada en Diario Libre.
Uno de ellos suma 40 millones de dólares y sería desembolsado por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) para financiar un proyecto de modernización del Estado, que ejecutaría el Ministerio de Administración Pública.
El otro préstamo enviado para estudio a una comisión es de 60 millones de dólares. Estos recursos se usarían para mejorar el sistema nacional de distribución de electricidad y serían manejados por Edeeste y Edenorte.
Su objetivo es reducir las pérdidas eléctricas en el sistema, aumentar el suministro energético, la capacidad ante la demanda, entre otros.
