RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- A pesar de que se menciona con frecuencia el problema del hacinamiento en las prisiones dominicanas, medir la magnitud de esta sobrepoblación no ha sido una tarea en la que muchas personas se involucren habitualmente.
Las autoridades del sistema penitenciario de la República Dominicana proporcionan datos estadísticos sobre la cantidad de reclusos que tienen bajo su custodia, cifra que hasta enero de este año alcanzaba los 26,396.
La respuesta se obtiene de los informes de situación carcelaria publicados por la Oficina Nacional de Defensa Pública de la República Dominicana, los cuales indican que la capacidad total para albergar internos es de 16,564, distribuida en un total de 49 cárceles.
La diferencia entre esta cifra y la población carcelaria es de 9,832 presos, lo que representa un 59.36 % por encima de la capacidad del sistema.
En algunas prisiones, la situación puede ser aún peor, como el caso bien conocido del penal de La Victoria, que, según datos de enero previos al incendio ocurrido en marzo pasado, operaba a un 224.11 % de su capacidad.
El penal, diseñado para albergar a 2,103 personas, tenía una población de 6,816 en enero. Tras el incendio que dejó 13 muertos y otros once heridos, se ordenó el traslado de más de 1,400 hombres como medida provisional, según informó la Procuraduría General de la República.
El Centro de Privación de Libertad (CPL) El Seibo enfrenta una situación similar de hacinamiento extremo, ya que en enero tenía 877 internos, a pesar de tener capacidad para solo 248. Las matemáticas indican que opera a un 254.63 % sobre su capacidad.
En cuanto a los porcentajes más altos, se encuentran los centros de privación de libertad de Santiago Rodríguez y de Operaciones Especiales. El primero alberga a 146 internos, cuando su capacidad es para 23 (un 534.78 %), y el segundo a 135, con capacidad para 29, lo que equivale a un 365.52 %.
Sobrepoblación
Sobre el impacto de esta sobrepoblación, la Defensa Pública destaca en su “Informe de las condiciones de detención y prisión 2022” que el hacinamiento es el peor de los problemas, ya que conlleva graves problemas de salud y obliga a muchos a tener que dormir en el suelo, sin disponer de un colchón siquiera, una situación que califican de inhumana.
“Citar situaciones similares en prisiones de Montecristi, La Vega, Cotuí, Nagua, Samaná, el Departamental de San Francisco, Azua, Barahona, Neiba, entre otras, las cuales describen como lugares con poca o ninguna luz natural, falta de energía eléctrica, celdas oscuras, lugares malolientes, estructuras con pinturas antiguas y deterioradas, techos a punto de colapsar, sistemas de drenaje visibles que emiten olores desagradables que cubren el perímetro”, dice el documento.
Señala que los problemas de salud son frecuentes y que aquellos que no pueden valerse por sí mismos deben ser asistidos por sus propios compañeros, debido a la poca efectividad del apoyo estatal.
Durante las visitas realizadas por la Defensa Pública a los centros para recopilar información para su informe, encontraron que había 415 internos psiquiátricos, 729 con diabetes, 1,489 con hipertensión, 176 con cardiopatías, 384 con VIH/SIDA, y 186 con tuberculosis. También 439 con asma, 62 con hepatitis, 617 con afecciones de la piel, 595 con sífilis, 764 con otras enfermedades de transmisión sexual (ETS), 18 con epilepsia, 11 con problemas renales, siete con falcemia, 107 con discapacidad de movilidad y 205 con discapacidad visual.
Rodolfo Valentín, director nacional de Defensa Pública, asegura que las condiciones descritas en el informe de 2022 siguen siendo las mismas hasta la fecha y que así lo reflejarán en su informe de 2023, para el cual ya realizaron el relevamiento y están trabajando en la revisión y redacción de los hallazgos. Advierte que esto ocurre incluso en los centros denominados del nuevo modelo, que entraron en una nueva gestión penitenciaria que incluía la eliminación del hacinamiento, el uso de personal civil capacitado sin presencia de militares ni policías como custodia, y programas educativos para los internos.
“En los CCR, continúan las constantes quejas de los internos recluidos en estos centros del nuevo modelo con respecto a malos tratos físicos y verbales, formalizados a través de denuncias ante la dirección de los centros. Esto debe llamar la atención de las autoridades y poner fin a dichas acciones, ya que no contribuyen en absoluto al propósito de la pena”, advierte.
Al revisar algunos de los centros de corrección y rehabilitación, como se les denominó en el nuevo modelo, se evidencia un aumento de la población carcelaria por encima de su capacidad.
Por ejemplo, el Centro de Corrección y Rehabilitación para Hombres de Haras Nacionales tenía una población de 40 internos en 2022, aunque tenía espacio para 56. Pero en enero pasado había aumentado a 57 reclusos.
Lo mismo ocurre con el de Elías Piña, que en 2022 tenía capacidad para 130 reclusos y albergaba a 128, pero en 2024 había aumentado a 180. “El nuevo modelo, desde 2004 hasta 2020, logró avances extraordinarios. Nuestros éxitos nos colocaron como referencia a nivel de la región del Caribe y América Latina… Pero eso se derrumbó”, declaró Manuel María Mercedes, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en una entrevista reciente con este medio.
