RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.– El sistema penitenciario de la República Dominicana atraviesa una de sus peores crisis por hacinamiento. Según el informe más reciente de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC), a marzo de 2025 las cárceles del país albergan a 24,671 personas privadas de libertad, cuando la capacidad instalada es de solo 15,701 plazas, lo que representa una sobrecarga del 157.13 %.
La situación afecta especialmente a los centros tradicionales, donde más de 8,000 reclusos viven en condiciones de hacinamiento extremo, ocupando espacios diseñados para menos de la mitad de los internos actuales.
Prisión preventiva supera condenas
El reporte oficial indica que 15,276 personas están en prisión preventiva, es decir, sin condena definitiva, lo que equivale a más del 60 % de la población penitenciaria, mientras que solo 9,395 cumplen condenas.
Centros críticos
Entre los recintos más sobrepoblados figura la Penitenciaría Nacional de La Victoria, diseñada para 2,103 personas, pero que actualmente alberga a 4,968, con una sobrecarga del 236.2 %.
Similar situación se vive en Najayo Hombres, con 2,376 internos para una capacidad de 1,137, y en La Vega, donde un penal con espacio para 730 reclusos alberga hoy a 1,793.
Otros centros penitenciarios afectados por la sobrepoblación incluyen los de Azua Vieja (Centro 19 de Marzo), Baní Hombres, Km 15 de Azua, San Juan, Pedernales, Montecristi, San Pedro de Macorís y Santiago Rodríguez.
Traslado a Las Parras: una posible salida
Ante este panorama, las autoridades contemplan el traslado progresivo de reclusos desde La Victoria hacia el nuevo centro penitenciario Las Parras, cuya primera fase acogería a 2,400 internos.
No obstante, este recinto aún no está en operación. Su construcción alcanza un 65 % de avance, aunque el ministro de Vivienda y Edificaciones, Carlos Bonilla, aseguró que la primera etapa estaría lista “en agosto o antes”.
La implementación del nuevo penal podría representar un alivio temporal a la crisis, pero expertos insisten en que se requieren reformas profundas en el sistema judicial y penitenciario, especialmente en la revisión del uso excesivo de la prisión preventiva.
