RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- Carlos Pimentel, recientemente designado Director Ejecutivo de la Dirección General de Alianzas Público-Privadas (DGAPP), ha anunciado su permanencia en este cargo, además de su actual puesto como Director General de Compras y Contrataciones Públicas (DGCP).
Esta decisión ha generado debate entre sectores jurídicos, que señalan un posible conflicto con la Ley 47-20, la cual establece que el cargo de director de la DGAPP es incompatible con cualquier otro puesto público, excepto el de docente.
En un comunicado, Pimentel expresó su compromiso con la transparencia y la eficiencia, agradeciendo al presidente Luis Abinader por la confianza depositada en él para dirigir ambas instituciones.
El funcionario explicó que se ajustará a los marcos legales vigentes, y que, ante cualquier conflicto de interés, optará por la inhibición o delegación de funciones para evitar problemas éticos.
Postura del Gobierno y posiciones legales divididas
Algunos juristas y abogados han advertido que la doble función de Pimentel podría contravenir la Ley 47-20, al colocarle en una situación en la que “podría ser juez y parte” en decisiones de compras y alianzas público-privadas.
Sin embargo, otros argumentan que el nombramiento en Compras y Contrataciones, al ser de carácter honorífico y no remunerado, podría no violar técnicamente las disposiciones de incompatibilidad de la Ley de Administración Pública.
Francisco Álvarez, especialista en gestión pública, opinó que, aunque esta medida responde a la política de austeridad del gobierno, la acumulación de responsabilidades podría impactar la efectividad de Pimentel en una de las áreas más críticas de transparencia gubernamental, como Compras y Contrataciones.
Plan de readecuación estructural en proceso
Como parte de la designación, el decreto presidencial establece que en un plazo de 12 meses se debe presentar una propuesta para la reestructuración normativa y organizativa de la DGAPP y la DGCP.
Pimentel también aseguró que trabajará para que la DGAPP opere bajo las normas de la Ley 340-06, lo que incluye aplicar los mismos principios de transparencia y competitividad que rigen las contrataciones públicas. “No habrá excepciones ni favoritismos”, afirmó, reiterando su compromiso con la ética y la honestidad en la gestión pública.
