RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO. El caso Camaleón entra este martes en una nueva etapa con el inicio del juicio de fondo contra el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras; José Ángel Gómez (Jochi Gómez) y los demás acusados.
El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional tiene previsto comenzar la audiencia con la lectura de la acusación presentada por el Ministerio Público. Sin embargo, el inicio formal podría variar si las defensas presentan algún incidente procesal.
El expediente se relaciona con una supuesta adjudicación irregular de un contrato para modernizar la red de semáforos del Gran Santo Domingo. Además, la acusación incluye señalamientos sobre presuntos delitos vinculados con recursos públicos, lavado de activos y sabotaje tecnológico.
Caso Camaleón llega a juicio de fondo
Durante el juicio, el Ministerio Público buscará demostrar su teoría contra los imputados. Entre ellos figuran Beras y Gómez, además de Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico.
Asimismo, están acusados Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología del Intrant; Frank Rafael Atilano Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras.
También enfrenta el proceso Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero de la institución. A este grupo se suman Carlos José Peguero Vargas, Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso.
Por consiguiente, las juezas del tribunal deberán escuchar los argumentos de las partes y valorar las pruebas que sean incorporadas durante las audiencias.
Empresas señaladas en el expediente
El caso Camaleón también involucra a varias sociedades comerciales mencionadas por el Ministerio Público. Entre ellas figuran Transcore Latam SRL, Aurix SAS, Inprosol SRL, OML Inversiones SRL y PagoRD Xchange SRL.
Además, el expediente incluye a Industria Soltex Dominicana SRL y Dekolor SRL. Según la acusación, algunas de estas compañías habrían obtenido contratos y acuerdos considerados irregulares.
El órgano persecutor sostiene que esas relaciones comerciales presuntamente facilitaron un esquema para desviar recursos públicos. Asimismo, plantea que las operaciones estarían relacionadas con lavado de activos y afectaciones a sistemas tecnológicos estatales.
En ese contexto, Jochi Gómez aparece como una de las figuras centrales de la acusación. El Ministerio Público señala presuntos vínculos societarios, financieros y operativos entre Gómez y varias empresas incluidas en el expediente.
Ahora, el juicio permitirá que las defensas respondan a señalar esos ejercicios. Del mismo modo, la acusación tendrá la oportunidad de presentar sus pruebas ante el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional. Finalmente, serán las juezas quienes determinen la responsabilidad penal de los acusados conforme avance el proceso.
