RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- El exdirector de Casinos y Juegos de Azar, Óscar Arturo Chalas, declaró ante el tribunal que conoce el caso Calamar que el exministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz, no formó parte de la estructura irregular que operaba en esa dependencia estatal y que, por el contrario, fue quien ordenó su desmantelamiento.
Chalas señaló que la supuesta red estaba conformada por Ramón Emilio Jiménez, Fernando Arturo Crisóstomo y José Ureña, sin incluir a Guerrero. Según relató, Ramón Emilio Jiménez se hacía llamar “el director de Casinos en la calle” y era la persona que le entregaba dinero, lo que evidenciaría su papel operativo en las actividades ilícitas.
“El ministro Guerrero fue quien intentó desmontar la estructura”, aseguró Chalas durante su intervención.
Defensa: “Se desmonta la versión del Ministerio Público”
El abogado de Guerrero, Manuel Rodríguez, valoró el testimonio como una prueba contundente de que su defendido no participó ni respaldó las irregularidades señaladas por el Ministerio Público.
Rodríguez afirmó que el exministro actuó para identificar y eliminar los mecanismos indebidos detectados en Casinos y Juegos de Azar, y criticó la forma en que la Fiscalía ha manejado los llamados criterios de oportunidad.
“Las declaraciones de Chalas demuestran cómo la justicia se está convirtiendo en un foro para negociar la verdad por intereses particulares”, sostuvo Rodríguez.
Cuestionamientos a la actuación del Ministerio Público
El abogado recordó que en 2023, Chalas ofreció “declaraciones inverosímiles” con el objetivo de evitar medidas de coerción, incluyendo afirmaciones improbables e irrazonables.
Sostuvo además que el Ministerio Público ha utilizado sus potestades con fines políticos, lo que a su juicio distorsiona la verdad procesal y afecta la confianza en el sistema judicial.
Contexto del caso Calamar
Donald Guerrero Ortiz, exministro de Hacienda durante la segunda administración de Danilo Medina, enfrenta cargos por asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campañas políticas.
El Ministerio Público sostiene que el exfuncionario formó parte de una red de corrupción que habría estafado al Estado dominicano, desviando miles de millones de pesos mediante pagos irregulares de expropiaciones y contratos públicos.
