RDÉ DIGITAL, CHILE.- El Gobierno de Chile ha implementado una serie de medidas para fortalecer el control en su frontera norte, anticipando una posible nueva ola de migrantes procedentes de Venezuela. Las acciones incluyen la implementación de controles biométricos y un aumento en la vigilancia aérea.
El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, detalló en una rueda de prensa desde Colchane, localidad fronteriza con Bolivia, la adquisición de nuevos vehículos, como camionetas, cuatrimotos y furgones de traslado. Además, se instalarán sistemas de control biométrico que permitirán identificar a los individuos mediante voz, rostro y huella digital para aquellos que ingresen de forma irregular.
Monsalve también anunció la compra de drones y una nueva cámara para el avión Vigía de Carabineros, destinado a la vigilancia aérea en la zona norte del país. “Vamos a aumentar la capacidad de vigilancia aérea con estas nuevas adquisiciones”, afirmó el subsecretario.
Desde febrero del año pasado, Chile ha mantenido su frontera militarizada para enfrentar la migración irregular, fenómeno que ha aumentado, especialmente desde Venezuela. Según Monsalve, durante este periodo se han controlado 272.000 personas en la frontera norte.
A pesar de los desafíos derivados de la pandemia y la crisis social de 2019, Chile sigue siendo uno de los destinos más atractivos para migrantes en América Latina, debido a su estabilidad política y económica. En el país residen aproximadamente 1,6 millones de extranjeros, lo que representa cerca del 10% de la población total. Los venezolanos constituyen la mayoría de estos migrantes, seguidos por peruanos y colombianos.
La ministra del Interior, Carolina Tohá, declaró en radio local que la potencial ola migratoria no será inminente, sino que se espera para las próximas semanas y meses. TOHÁ añadió que el Gobierno está coordinando con otros países de la región para gestionar la situación de manera conjunta. “Estamos en diálogo a nivel de Cancillería con todos los países vecinos para prepararnos en conjunto, ya que lo que ocurre en un país afecta a los demás”, aseguró.
Por su parte, el presidente Gabriel Boric criticó la reciente expulsión del personal diplomático, calificándola como “una intolerancia impropia de las democracias” que deja en desamparo a los más de 700.000 venezolanos residentes en Chile.
La situación continúa en desarrollo y el Gobierno chileno sigue trabajando en medidas para enfrentar los desafíos migratorios futuros.
