RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- El Consejo Intersectorial para la Promoción de la Actividad Cinematográfica (CIPAC) emitió la Resolución Núm. 2025-140, en el cual introdujo cambios en el proceso de validación presupuestaria de las óperas primas dominicanas, en cumplimiento del artículo 34 de la Ley 108-10 sobre Fomento de la Actividad Cinematográfica.
La medida redefine los criterios técnicos y financieros para acceder al respaldo estatal, apostando por una mayor preparación profesional en los proyectos que marcan el debut de nuevos cineastas. La resolución será aplicable únicamente a las nuevas solicitudes de Certificado Provisional de Nacionalidad Dominicana (CPND) presentadas desde el 9 de mayo de 2025.
La resolución establece un tope presupuestario base de RD$25 millones para las óperas primas, con posibilidad de ampliación escalonada si el proyecto alcanza un puntaje técnico determinado. Este se calcula con base en elementos verificables como la participación en laboratorios de desarrollo o guion, formación académica del equipo directivo y la obtención de fondos internacionales.
Además, se exige que el productor posea los derechos legales de la obra, ya sea personalmente o a través de una empresa productora, conforme al artículo 103 del reglamento de aplicación de la Ley 108-10.
Entre enero y abril de 2025, el CIPAC validó 69 proyectos cinematográficos y aprobó 30 nuevas producciones, con inversiones que superan los RD$1,672 millones. Las cifras revelan el impacto económico del sector, con generación de empleos formales y dinamismo en industrias asociadas.
La iniciativa busca asegurar que los proyectos debutantes tengan un mínimo de preparación técnica, pero también ha reabierto el debate sobre las barreras de entrada al sistema. Sectores vinculados al cine independiente y regional han señalado la necesidad de incorporar incentivos específicos para realizadores con menor acceso a formación o financiamiento internacional.
Entre los ajustes que se plantean a futuro figuran fondos dirigidos a mujeres cineastas, jóvenes de comunidades vulnerables y mecanismos de evaluación del impacto cultural y económico de las obras finalizadas.
