RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- La consultora empresarial Circe Almánzar propuso este miércoles que la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos (Ley 225-20) sea modificada para incluir soluciones tecnológicas que permitan la biodegradación acelerada del foam, en vez de prohibirlo de forma generalizada.
Durante una entrevista en el programa El Gobierno de la Tarde por la emisora Z101, Almánzar advirtió que una reforma sin sustento técnico podría tener consecuencias económicas y sociales graves, especialmente para las cadenas productivas que dependen del foam en la fabricación, distribución y exportación.
“La ley debe reconocer que ya existen aditivos biodegradables que logran descomponer el foam en menos de tres años, incluso en ambientes abiertos, y que están siendo usados por industrias dominicanas”, explicó Almánzar, quien insistió en una transición gradual y basada en evidencia científica.
La experta advirtió que eliminar el foam sin prever alternativas sostenibles y viables afectaría negativamente a pequeñas y medianas empresas, además de encarecer los productos para los consumidores. Según explicó, sustitutos como el PET o materiales vegetales pueden ser hasta cuatro veces más costosos y significativamente más densos, lo que incrementa los costos logísticos y la generación de residuos.
Propuesta del sector: reciclaje, contenido renovable y educación ambiental
Como parte de una reforma más inclusiva, Almánzar propuso que la ley promueva la incorporación progresiva de contenido reciclado, así como programas de educación y desarrollo de tecnologías limpias, alineados con los principios de la economía circular.
“El plástico es un reto ambiental solo cuando se gestiona mal. Por eso la ley debe incentivar a quienes invierten en hacer las cosas bien, no penalizarlos”, afirmó.
Innovación dominicana: el caso del Biopacto
Almánzar citó como ejemplo la iniciativa Biopacto, una alianza entre las empresas dominicanas Plastifar y Termopac, que se han comprometido a fabricar productos de foam exclusivamente con aditivos biodegradables, certificados bajo estándares internacionales como ASTM D5511, D6691 y D5338.
Estos aditivos permiten que el material se degrade completamente en vertederos en apenas 2.7 años, sin dejar residuos tóxicos ni microplásticos.
“Es posible una transición ambientalmente responsable sin excluir industrias ni poner empleos en riesgo”, puntualizó.
La representante del sector plástico reiteró que el objetivo debe ser lograr una ley moderna, técnica y equilibrada, que proteja el medioambiente sin sacrificar la competitividad ni el desarrollo económico nacional.
