RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- El líder de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), Rafael (Pepe) Abreu, instó al gobierno dominicano a tomar medidas urgentes frente al “vacío” en el que se encuentran los trabajadores de los negocios chinos cerrados durante operativos de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Dirección General de Aduanas (DGA).
Abreu señaló que aún no dispone de datos sobre los empleados afectados por el cierre de más de 10 establecimientos, mayormente de dueños asiáticos, en Santo Domingo y Santiago, debido a violaciones al Código Tributario.
Entre las infracciones detectadas se encuentran la falta de emisión de facturas con comprobante fiscal, la ausencia de soluciones fiscales y la ocultación de información en las declaraciones juradas de las empresas, las cuales declaraban ingresos inferiores a los reales.
El sindicalista indicó que estos trabajadores “no están despedidos ni trabajando actualmente”, ya que quedan temporalmente suspendidos hasta que aclaren su situación con la DGII.
“Hemos dialogado con las autoridades del Ministerio de Trabajo sobre este tema, pero aún no hemos recibido respuesta.
Ante esta situación, algunos empleados solicitan liquidación, pero hasta el momento no procede ya que no se conoce el estado del negocio”, expresó.
Según el presidente del CNUS, la bancarrota es un proceso judicial en el cual se liquida una empresa insolvente, es decir, cuando el empresario no puede pagar sus deudas. De declararse en quiebra, no sería favorable para los empleados, ya que recibirían una compensación menor a los 15 días y no se aplicaría un aviso previo, lo que resultaría en menores ingresos para ellos.
“En tal caso, el Estado debe respaldar a estos trabajadores. No deben sufrir las consecuencias de las malas prácticas de sus empleadores”, afirmó Abreu.
Si los negocios vuelven a abrir, podrían negociar con las autoridades tributarias y regularizar sus pagos.
Abreu también expresó su acuerdo con esta medida. “Cualquiera que viole la ley debe ser sancionado”, dijo. Además, destacó que si bien la comunidad china es trabajadora, su visión capitalista la lleva a priorizar sus propios intereses, dejando de lado a sus empleados.
También agregó que a los chinos no les gusta contratar dominicanos porque “se quejan mucho” y los despiden antes de los tres meses para evitar otorgarles beneficios laborales, lo cual es un derecho adquirido por ley y viola sus derechos.
Mencionó que prefieren contratar ilegales haitianos para evitar pagar lo establecido por ley y asignarles salarios por debajo del mínimo.
Destacó que desde hace tiempo, los empresarios han denunciado presuntas estafas al Estado por parte de los comerciantes chinos, debido a la competencia desleal que esto representa.
En cuanto a la reforma fiscal que algunos economistas consideran como una forma de mejorar los servicios públicos y convertir los recursos estatales en mejoras tangibles para la población, citando ejemplos de países donde los altos impuestos se traducen en beneficios para los ciudadanos, el sindicalista señaló que si en el país se combatiera la evasión fiscal y se fiscalizara de manera eficiente, no sería necesario aumentar los impuestos a la clase media.
“Si no ocurrieran situaciones como estas, habría un equilibrio, ya que en otros países, los propietarios de negocios que evaden impuestos son llevados ante la justicia, incluso hasta la cárcel”, enfatizó.
Después de un “análisis exhaustivo de informes de inteligencia financiera”, las unidades encargadas de combatir el delito tributario de ambas instituciones descubrieron prácticas ilegales como la emisión de facturas sin comprobante fiscal, la falta de soluciones fiscales y el ocultamiento de información en las declaraciones juradas de empresas, las cuales informaban ingresos inferiores a los reales.
Las compañías, pertenecientes a comerciantes asiáticos, realizaron transacciones bancarias por cerca de cuatro mil millones de pesos y ocultaron a la administración tributaria información verídica sobre sus niveles económicos, perjudicando al Estado dominicano.
Los cierres se realizaron luego de una investigación que reveló que los comercios reportaban giros bancarios hasta un 90 % superiores al total de sus operaciones sujetas a impuestos. También se detectó un alto flujo de ventas en efectivo cuyos registros fueron omitidos.
Estas sanciones se aplicaron luego de que los comercios fueran multados previamente y no tomaran medidas para regularizar su situación.
Las acciones fueron llevadas a cabo por personal de la Gerencia de Investigación de Fraudes y Delitos Tributarios y militares de la DGII y DGA, tras un análisis de las lagunas tributarias que contribuyen a la informalidad en el sector comercial asiático, el cual ha experimentado un notable crecimiento en el número de tiendas.
Esto forma parte de un proyecto especial de fiscalización de la Administración Tributaria que busca reducir la evasión y la competencia desleal entre comercios y empresas.
El año pasado, se impusieron alrededor de cuatro mil multas por incumplimiento de deberes formales, de las cuales 207 corresponden a comerciantes asiáticos, la mayoría de los cuales tienen deudas pendientes. Además, se tomaron unas 800 medidas conservatorias y se están investigando 22 comercios asiáticos con miras a enjuiciarlos penalmente.
La DGII y la DGA llamaron a las empresas y comercios a regularizar su situación fiscal, ya que su objetivo no es cerrar negocios, sino que se ajusten a lo que establece la ley, por lo que las puertas de ambas instituciones están abiertas para ayudar en el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
La Embajada de China en la República Dominicana indicó que ha sido categórica en su función de lograr que sus ciudadanos cumplan con las leyes en los lugares donde hacen negocios.
“Reiteramos siempre a la comunidad respetar las leyes locales. Sin embargo, creemos que los negocios chinos contribuyen mucho a la sociedad dominicana. Hay que ver el efecto positivo de esos negocios también”, detalló la Embajada.
El equipo diplomático recordó que entre ambos países prima una relación comercial de varios años, por lo que pide a las autoridades que, cuando realicen cualquier operativo, respeten los intereses legales y legítimos de los ciudadanos chinos.
Desde el 2018 no se realiza un levantamiento de información de los chinos que viven en el país. Las autoridades de China estiman que hay más de 30,000 de sus ciudadanos en República Dominicana que se dedican, principalmente, al comercio formal e informal, con negocios de comida, tiendas, ferreterías y centros de servicios.
