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junio 30, 2024
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Código Penal limita a 20 años persecución de la corrupción

RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- La persecución e investigación por delitos de corrupción estaría limitada a 20 años después de cometidos los ilícitos, según el proyecto de ley del Código Penal aprobado en primera lectura en el Senado y actualmente bajo estudio en una comisión especial de la Cámara Alta.

De ser aprobada, esta iniciativa establecería que los delitos de corrupción se extinguirían 20 años después de su comisión, impidiendo al sistema de justicia dominicano indagar o castigar estos ilícitos si ocurrieron dos décadas atrás.

La prescripción de la corrupción, establecida en el artículo 328 del proyecto, ya había sido estipulada en una iniciativa similar del Código Penal aprobada en 2022 en el Congreso, pero que no prosperó debido a diferencias ideológicas en temas como el aborto y la discriminación.

«Las infracciones contra el patrimonio público prescriben en un plazo de 20 años, computados en los términos del Código Procesal Penal», establece de manera íntegra el artículo 328 del proyecto aprobado el martes en el Senado.

El mandato está contenido en un grupo de artículos que detallan los delitos considerados como corrupción, incluyendo la concusión, el cohecho, el tráfico de influencias, la malversación de fondos públicos, el enriquecimiento ilícito, el conflicto de intereses, la sobrevaluación ilegal, el peculado y los pagos irregulares.

El proyecto, actualmente bajo análisis por una comisión especial antes de su aprobación en segunda lectura, define la corrupción como cualquier acto en el que un funcionario obtenga beneficios económicos ilegales aprovechándose de su cargo o mal utilice fondos bajo su responsabilidad.

El proyecto propone que los delitos de corrupción sean castigados con hasta 10 años de cárcel, además de la inhabilitación temporal para ejercer funciones públicas, dependiendo de la gravedad de la ilegalidad cometida.

En 2022, el congresista Antonio Taveras propuso una modificación al proyecto del Código Penal para permitir la imprescriptibilidad de la corrupción, lo que permitiría la persecución de estos delitos sin límite de tiempo. Sin embargo, su sugerencia fue rechazada, ya que el Pleno del Senado consideró la propuesta «inconstitucional».

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