RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- La Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa solicitó al Gobierno dominicano el aplazamiento de la Ley 225-20 de Residuos Sólidos, en medio de un contexto económico global marcado por incertidumbre y presiones inflacionarias.
La organización planteó además la necesidad de abrir un proceso de revisión integral de la normativa. Considera que su aplicación actual genera distorsiones en el aparato productivo nacional.
Impacto económico en las MIPYMES
Según CODOPYME, la implementación de la ley implicaría costos adicionales para las MIPYMES, que representan más del 98% del tejido empresarial del país.
En ese sentido, el presidente del gremio, Fernando Pinales, advirtió que estas cargas podrían trasladarse al consumidor final.
“El aumento de costos inevitablemente presionará los precios y afectará el poder adquisitivo de los hogares dominicanos”, expresó.
Contexto internacional y presiones internas
El gremio destacó que la medida llega en un momento de tensiones globales. Entre los factores señalados figuran conflictos geopolíticos en Medio Oriente y la crisis en Haití, que impactan la economía local.
Asimismo, indicó que resulta contradictorio aplicar nuevas cargas mientras el Gobierno busca contener la inflación y evitar aumentos de precios.
Cuestionamientos al modelo de gestión
CODOPYME también expresó preocupación por la estructura de gobernanza del sistema de residuos sólidos.
Según la entidad, la participación de gestores dentro del consejo del fideicomiso podría generar conflictos de interés. Además, señaló que en lo que va de año se han propuesto aumentos en las tarifas del sistema.
Esta situación, afirmaron, favorece la concentración del mercado en un grupo reducido de empresas.
Propuestas de CODOPYME
Ante este panorama, la organización planteó el aplazamiento inmediato de la ley hasta realizar las correcciones necesarias, junto a una revisión técnica integral del marco regulatorio con la participación de las MIPYMES. Además, propuso una reforma de la gobernanza del fideicomiso que garantice independencia y transparencia, eliminando posibles conflictos de interés. También sugirió el diseño de un esquema proporcional y escalonado que tome en cuenta el tamaño y la capacidad económica de las empresas, así como la implementación de incentivos reales a la sostenibilidad en lugar de cargas de carácter recaudatorio.
Llamado al diálogo
La Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa reiteró su disposición al diálogo con las autoridades.
El gremio insistió en que este no es momento para decisiones que encarezcan la producción o limiten la competitividad. En cambio, abogó por políticas que protejan el empleo y la estabilidad económica del país.
