RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.– La Defensoría del Pueblo de Colombia alertó sobre un fenómeno emergente de migración inversa: personas que, tras no lograr llegar a Estados Unidos, están regresando al país por rutas marítimas desde Centroamérica. Las entradas se registran especialmente por Capurganá (Caribe) y los municipios de Juradó y Bahía Solano (Pacífico), todos en el departamento del Chocó.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, señaló que muchos menores de edad llegan sin documentos ni acompañantes familiares, lo que vulnera sus derechos fundamentales y eleva el riesgo de trata o abandono. “Están ingresando sin permisos y en compañía de adultos que no son sus padres ni familiares”, denunció.
Redes ilegales y control armado
La situación se complica por la presencia de grupos armados ilegales en la región, como el Clan del Golfo y el ELN. Estas organizaciones controlan zonas clave de tránsito y, según la Defensoría, trafican personas mediante embarcaciones hacia Buenaventura, principal puerto del Pacífico colombiano.
Las condiciones de recepción son precarias. Juradó, por ejemplo, recibe entre 20 y 40 migrantes diarios, sin infraestructura ni capacidad institucional para atenderlos. Muchos duermen en calles y parques, y la barrera del idioma dificulta aún más la atención humanitaria.
Llamado a la acción inmediata.
La defensora Marín instó al Estado colombiano a activar un plan interinstitucional de emergencia que atienda con enfoque humanitario a la población migrante retornada. Subrayó que la planificación actual está enfocada en rutas tradicionales del Caribe, dejando desprotegidas las del Pacífico, donde el fenómeno está creciendo.
También solicitó colaboración del Gobierno de Panamá, que enfrenta una situación paralela en las zonas de Darién. La reciente clausura de la principal estación migratoria panameña ha contribuido al incremento del retorno por vías informales, lo que pone fin a una de las rutas más peligrosas de América, pero crea nuevos focos de crisis en Colombia.
La Defensoría concluyó que la protección de los derechos humanos de migrantes, especialmente de niños y niñas, debe ser prioridad inmediata del Estado colombiano y de la cooperación regional.
