RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO. – La Comisión de Derechos Humanos ofrecerá asistencia legal gratuita a víctimas de delitos sin recursos para contratar un abogado. Así lo informó su presidente, Manuel María Mercedes .
Mercedes hizo el anuncio durante su participación en RD Debate . Allí se discutió el papel de las organizaciones de derechos humanos ante las víctimas de la delincuencia.
Según explicó, la institución está disponible para recibir a personas sin recursos. Además, podrán solicitar representación jurídica quienes enfrenten dificultades económicas o sociales.
“La Comisión, gratuitamente, como hemos estado haciendo, se lo vamos a facilitar”, afirmó Mercedes.
Asistencia legal para las victimas
El representante indicó que la Comisión realiza pronunciamientos a favor de las víctimas. Sin embargo, aclaró que su actuación depende de los recursos disponibles.
Por lo tanto, las personas que necesiten representación podrán acercarse a la institución. La asistencia estará dirigida a quienes no puedan pagar los servicios de un abogado.
Asimismo, Mercedes defendió la necesidad de garantizar los derechos de las víctimas. Al mismo tiempo, resaltó las garantías constitucionales de las personas algunas veces a procesos judiciales.
“Garantía para la víctima y garantía para el procesado”, expresó durante el debate.
Derechos de víctimas y procesados
El planteamiento surgió durante una discusión sobre seguridad y justicia. En ese contexto, se abordó el equilibrio entre los derechos de las víctimas y el debido proceso.
Además, Mercedes señaló que las condiciones económicas no deben impedir el acceso a orientación jurídica. Por ello, reiteró la disposición de la Comisión para facilitar abogados a personas que no puedan costearlos.
No obstante, el servicio dependerá de las posibilidades y recursos de la institución. La entidad también comenzará a realizar pronunciamientos relacionados con la protección de las víctimas.
De esta manera, la Comisión de Derechos Humanos reafirma su disposición de brindar asistencia jurídica gratuita. El objetivo es apoyar a víctimas que enfrentarán dificultades para acceder a representación legal.
Por otra parte, el planteamiento mantiene en el debate la necesidad de proteger a las víctimas. A la vez, resalta el respeto a las garantías constitucionales de quienes enfrentan procesos judiciales.
