RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) se pronunció “con profundo desacuerdo” por las agresiones sufridas por miembros de la Iglesia Católica, la comunidad Arroyo Vuelta y otras del municipio de Cotuí, provincia Sánchez Ramírez, perpetradas por la minera Barrick Gold.
La CED condenó los hechos de agresión de la empresa extranjera contra los campesinos de la zona con el apoyo de la Policía Nacional y el Ejercito de la República Dominicana, el pasado miércoles durante una intervención en los terrenos de los agredidos.
Se recuerda que en la manifestación el sacerdote Johnny Durán, de la Iglesia Santo Cura de Ars, en Monseñor Nouel, fue herido en la frente.
“La Iglesia católica, fiel a su misión de defender la vida y la dignidad humana, repudia cualquier acción que violente los derechos fundamentales de las comunidades afectadas y se solidariza con las acciones de nuestro hermano obispo de La Vega, monseñor Carlos Tomás Morel Diplán, también presidente de la Comisión Nacional de Pastoral de Ecología y Medio Ambiente. Es inadmisible que el afán de lucro prime sobre la vida y la tranquilidad de las familias afectadas en la zona”, dice el comunicado.
Asimismo, indicaron que además de Durán fue herido otro sacerdote y varias personas de las comunidades pertenecientes al municipio de Cotuí.
Hicieron un llamado a las autoridades para que se fomente el diálogo “en el cual estamos dispuestos a participar para buscar una solución justa a esta situación”, al tiempo de invitar a que los hechos sean investigados con imparcialidad, donde los responsables de los abusos se les aplique las medidas correspondientes.
“Recordamos que la explotación de los recursos naturales debe realizarse con responsabilidad social, ambiental y ética”, dijeron.
Invitaron a todo el país a expresar de manera pacífica su rechazo a estas prácticas. Al tiempo de pedir a los fieles que se unan en oración para que reine la justicia y la paz en nuestra patria.
El sacerdote indicó que mientras el sacerdote trataba de mediar ante las respuestas que exigen las comunidades, las autoridades actuaron de manera indiscriminada.
“Esto ha sido un desastre, la Policía ha venido a avasallar y atacando a la gente a dos manos”, dijo el religioso con sangre corriendo en su frente.
De acuerdo a la Policía Nacional la herida del sacerdote fue ocasionado por una piedra lanzada por los comunitarios.
Policía ofrece su versión sobre el incidente
De acuerdo a la Barrick Gold la instalación de la presa de Almacenamiento de Relaves El Naranjo se ha visto afectada negativamente por un grupo de personas que, entre otras cosas, habrían realizado un bloqueo ilegal de carreteras públicas para servir a sus propios intereses económicos.
Explicaron que los comunitarios han exigido el pago de indemnizaciones “injustificadas” por las tierras y los cultivos que “no se refieren a una evaluación independiente de los precios aplicables en el mercado”.
Comunicado íntegro del CED
“La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED), manifiesta su rotundo desacuerdo ante los recientes actos de agresiones perpetradas por la empresa minera Barrick Gold, con el apoyo de miembros de la Policía Nacional y el Ejército de la República Dominicana, contra la comunidad Arroyo Vuelta, en la que también están implicadas cinco comunidades de la zona, pertenecientes al distrito municipal de Zambrana, municipio de Cotuí.
Estos hechos, caracterizados por el uso desproporcionado de la fuerza, la violación de los derechos humanos y el irrespeto a la dignidad de las personas, donde han sido lesionados dos sacerdotes y varias personas de las mencionadas comunidades, son inaceptables en un estado de derecho que debe garantizar la justicia, la paz y el respeto a los ciudadanos, especialmente a los más pobres y desprotegidos. ¡Es urgente decir no a la estrategia del miedo!
La Iglesia católica, fiel a su misión de defender la vida y la dignidad humana, repudia cualquier acción que violente los derechos fundamentales de las comunidades afectadas y se solidariza con las acciones de nuestro hermano obispo de La Vega, monseñor Carlos Tomás Morel Diplán, también presidente de la Comisión Nacional de Pastoral de Ecología y Medio Ambiente. Es inadmisible que el afán de lucro prime sobre la vida y la tranquilidad de las familias afectadas en la zona.
Asimismo, hacemos un llamado a las autoridades nacionales para que, entre todos los sectores involucrados, se respete el debido marco jurídico, se fomente el diálogo, en el cual estamos dispuestos a participar para buscar una solución justa a esta situación. Exhortamos que se investiguen estos hechos con imparcialidad, se sancione a los responsables de estos abusos y se garanticen medidas para reparar los daños causados a quienes han sido afectados. Recordamos que la explotación de los recursos naturales debe realizarse con responsabilidad social, ambiental y ética.
Invitamos a la comunidad nacional a unirse en solidaridad con los afectados y a expresar de manera pacífica su rechazo a estas prácticas. De igual manera, pedimos a todos los fieles que se unan en oración para que reine la justicia y la paz en nuestra patria.
Conferencia del Episcopado Dominicano”
Conferencia del Episcopado Dominicano condena agresiones de Barrick Gold en Arroyo Vuelta y exige justicia
La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) ha expresado su firme desacuerdo ante las recientes agresiones cometidas por la empresa minera Barrick Gold, respaldada por miembros de la Policía Nacional y el Ejército, contra la comunidad de Arroyo Vuelta, en el municipio de Cotuí. Este conflicto involucra a cinco comunidades de la zona y ha resultado en lesiones a dos sacerdotes y varios habitantes.
En un comunicado, la CED condenó el uso desproporcionado de la fuerza, la violación de derechos humanos y el irrespeto a la dignidad de las personas. La Iglesia católica reafirmó su compromiso de defender la vida y la dignidad humana, enfatizando que las acciones que atentan contra los derechos fundamentales de las comunidades son inaceptables en un estado de derecho.
La CED hizo un llamado a las autoridades nacionales para que se respete el marco jurídico y se fomente el diálogo entre todos los sectores involucrados. También instó a una investigación imparcial de los hechos y a sancionar a los responsables de los abusos, subrayando la necesidad de reparar a los afectados.
Finalmente, la Conferencia del Episcopado invitó a la comunidad nacional a unirse en solidaridad con las víctimas y a expresar pacíficamente su rechazo a estas prácticas, instando a todos los fieles a orar por la justicia y la paz en el país.
