RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- El Congreso Nacional mantiene un compromiso pendiente con la sociedad desde la promulgación de la Constitución en 2010. A pesar de los años transcurridos, aproximadamente 70 leyes aún no han sido aprobadas, incluyendo el proyecto de referendo y otros mecanismos de participación ciudadana que la Constitución establece.
Durante el cuatrienio 2020-2024, el Congreso tuvo la oportunidad de cumplir con este mandato constitucional al considerar la aprobación del proyecto de referendo antes de que finalizara la legislatura en agosto de 2024. Sin embargo, el proyecto no fue aprobado y se sumó a la lista de iniciativas sin resolución.
El proyecto de referendo fue presentado el 29 de agosto de 2023 por Julito Fulcar, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), quien entonces era diputado por la provincia Peravia y actualmente es senador.
A principios de 2024, el proyecto fue aprobado en primera lectura por los diputados, pero quedó pendiente en la comisión de Desarrollo Humano para la elaboración del informe correspondiente.
Este mismo proyecto había sido presentado anteriormente en 2021 por el Poder Ejecutivo, bajo la presidencia de Luis Abinader, quien había manifestado su interés en su aprobación. A pesar de que el PRM contaba con una mayoría significativa en ambas cámaras legislativas durante ese período, con 91 diputados y 18 senadores, el proyecto no recibió el respaldo necesario.
En 2024 se cumplen tres años desde que el Tribunal Constitucional emplazó al Congreso Nacional a dictar las leyes contempladas en los artículos 203, 210 y 272 de la Constitución, que tratan sobre el referendo, el referendo aprobatorio, el plebiscito y la iniciativa normativa municipal.
La sentencia TC/0113/21 del Tribunal Constitucional declaró que el Congreso ha incurrido en una omisión legislativa absoluta al no aprobar estas leyes, privando a los ciudadanos de su derecho a ser consultados sobre decisiones nacionales importantes.
El Tribunal Constitucional ha considerado que ha pasado un tiempo razonable desde la reforma constitucional de 2010 para que estas leyes fueran promulgadas, subrayando que la falta de acción del Congreso afecta la participación ciudadana en debates cruciales para el país.
