RDÉ DIGITAL SANTO DOMINGO. Este martes, el juez Rigoberto Sena, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, conocerá la medida de coerción contra los siete individuos implicados en la denominada operación Camaleón. Los jueces de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional aplazaron para hoy a las 2:00 p.m. la audiencia de conocimiento de medida de coerción a los siete detenidos de la operación Camaleón.
El Ministerio Público ha solicitado la imposición de 18 meses de prisión preventiva para los encartados: Hugo Beras, exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre; José Ángel Gómez Canáan, mejor conocido como Jochi Gómez; Frank Rafael Atilano Díaz Warden; Juan Francisco Álvarez Carbuccia; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda; Pedro Vinicio Padovani Báez y Carlos José Peguero Vargas. Además, se incluyen a las empresas Transcore Latam S.R.L., AURIX S.A.S. e INPROSOL S.R.L.
Implicaciones del caso
El Ministerio Público también ha solicitado que el caso sea declarado complejo, conforme a lo que establece el Artículo 369 y siguientes del Código Penal dominicano. Los encartados están acusados de integrar una supuesta red de corrupción y lavado de activos que operó en el proceso de licitación en que resultó contratada la empresa Transcore Latam para el manejo de la red semafórica del Gran Santo Domingo.
Los siete imputados están implicados en un esquema de malversación de fondos públicos en el Intrant, bajo la gestión de Hugo Beras. Según el Ministerio Público, los miembros de la red son imputados de desfalco, estafa contra el Estado, falsificación, coalición de funcionarios, contrabando, comercio ilícito, sabotaje, terrorismo contra infraestructura crítica mediante alta tecnología y robo de identidad.
Operativos y arrestos
Durante la Operación, desplegada en la noche del 2 de octubre de 2024, se allanaron residencias y empresas en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este, San Cristóbal y Punta Cana. En estos operativos participaron aproximadamente 170 efectivos de la Policía Nacional, Unidades Especiales y más de 30 fiscales especializados en el crimen organizado.
La audiencia de conocimiento de la medida de coerción fue aplazada la pasada semana para que las partes pudieran conocer en detalle el expediente de solicitud de medida de coerción, que fue depositado por el Ministerio Público la noche del pasado viernes.