RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- La Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (Acoprovi) expresó su preocupación por la creciente tendencia a fijar los precios de renta y venta de inmuebles en dólares en Santo Domingo.
Esta práctica, según el gremio, responde a la necesidad de mitigar los efectos de la volatilidad del tipo de cambio y garantizar estabilidad financiera en un sector que depende de insumos y financiamientos en moneda extranjera.
Propietarios y desarrolladores han optado por establecer precios en dólares como mecanismo de protección ante la inflación y la devaluación del peso dominicano, una situación que, según Acoprovi, podría generar incertidumbre para inquilinos y compradores.
Alza de precios y desplazamiento de inquilinos
La dolarización de los inmuebles ha encarecido significativamente el costo de la vivienda, obligando a muchas familias a mudarse a zonas más alejadas del centro de la ciudad. Áreas como Piantini, Evaristo Morales y Gazcue han visto un incremento notable en los precios, extendiéndose incluso a sectores del municipio Santo Domingo Este como Ensanche Ozama y Alma Rosa.
Datos del sector indican que un apartamento de dos habitaciones en Evaristo Morales que en 2020 costaba RD$4.2 millones, hoy tiene un precio cercano al doble. De igual manera, alquileres que antes rondaban los RD$30,000 ahora superan los RD$45,000, dificultando el acceso a la vivienda para muchas familias.
Llamado a una Ley de Alquileres
Ante esta situación, Acoprovi reiteró la necesidad de que el Congreso apruebe el Proyecto de Ley de Alquileres y Desahucios, que establecería reglas claras para propietarios e inquilinos, promoviendo mayor transparencia en las transacciones inmobiliarias.
El economista Luis Vargas advirtió que la presión alcista sobre el costo de vida en Santo Domingo se debe, en parte, a la escasez de nuevas viviendas en comparación con la creciente demanda.
Por su parte, el experto inmobiliario Mélido Marte propuso la creación de un Fideicomiso de Recaudo Obligatorio, que garantice la protección de los pagos de compradores de inmuebles en planos o en construcción, además de establecer certificaciones de calidad para los proyectos.
Mientras el sector construcción busca soluciones para frenar la dolarización de los inmuebles, miles de familias enfrentan el reto de encontrar una vivienda accesible dentro del Gran Santo Domingo.