RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- La Ley de Residuos Sólidos volvió a generar preocupación en el sector construcción. Este lunes, varias asociaciones advirtieron que la normativa y la reforma aprobada por el Senado podrían incrementar el costo de las viviendas en República Dominicana. A su juicio, la legislación crea nuevas cargas económicas que terminarían siendo asumidas por los compradores.
Los gremios explicaron que la modificación a la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos grava a los patrimonios autónomos o fideicomisos. Además, señalaron que esos mecanismos ya soportan obligaciones tributarias, por lo que la iniciativa provocaría una doble carga económica.
Ley de Residuos elevaría el costo de las viviendas
La advertencia fue realizada por la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (Acoprovi), la Asociación de Promotores y Constructores de Viviendas del Cibao (Aprocovici), la Asociación de Constructores de Santo Domingo Este (Acosde), la Cámara Dominicana de la Construcción (Cadocon) y la Asociación de Constructores y Desarrolladores de la Provincia La Altagracia (Adecla).
Las organizaciones afirmaron que el aumento de las obligaciones económicas encarecería el desarrollo de los proyectos inmobiliarios. En consecuencia, esos mayores costos serían trasladados al precio final de las viviendas.
Asimismo, indicaron que la propuesta podría entrar en conflicto con el régimen especial establecido en la Ley 189-11. Esa legislación busca incentivar el acceso a la vivienda y fortalecer el mercado hipotecario.
Los representantes del sector aclararon que respaldan las iniciativas destinadas a mejorar la gestión de los residuos sólidos. Sin embargo, sostuvieron que las medidas deben garantizar proporcionalidad, seguridad jurídica y sostenibilidad económica.
Constructores piden diálogo antes de aprobar la reforma
Además, los gremios expresaron preocupación por la rapidez con la que el Senado conoció y aprobó la modificación legal. Consideran que una reforma de ese alcance requiere un análisis técnico más amplio y la participación de los sectores involucrados.
Por esa razón, solicitaron a la Cámara de Diputados abrir un espacio de diálogo antes de conocer la iniciativa. También pidieron revisar el contenido del proyecto para evitar efectos negativos sobre la inversión inmobiliaria y el acceso a viviendas.
Finalmente, las asociaciones reiteraron que una legislación equilibrada permitiría fortalecer la protección ambiental sin afectar el desarrollo del sector construcción. De igual forma, insistieron en que cualquier cambio debe preservar la seguridad jurídica y evitar nuevas cargas que encarezcan los proyectos habitacionales para la población.
