RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- El consultor fiscal Zoroastro Cucurullo alertó sobre los preocupantes niveles de evasión fiscal en la República Dominicana, que se estiman entre un 4 % y un 6 % del Producto Interno Bruto (PIB) en relación con el Impuesto Sobre la Renta (ISR).
Asimismo, el Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) presenta un cumplimiento de alrededor del 48 % de lo que debería ser recaudado.
Cucurullo enfatizó que, a pesar de las iniciativas implementadas para monitorear y controlar la evasión fiscal, los esfuerzos actuales parecen estar mal dirigidos.
“Estamos plenamente convencidos de que, si no se cambia el enfoque de buscar al que está cumpliendo con declarar sus impuestos y se emplea poco esfuerzo en incorporar nuevos contribuyentes omisos, nunca lograremos mejorar los niveles de cumplimiento de las obligaciones fiscales”, indicó.
Desafíos en el control de la evasión
El consultor también destacó que la implementación de controles fiscales es compleja, especialmente para las empresas y contribuyentes con ingresos y gastos significativos.
Según Cucurullo, esto se debe a la falta de personal para realizar auditorías de campo efectivas y a que las auditorías tributarias se basan en declaraciones juradas voluntarias, tanto para el ISR como para el ITBIS.
La función de las auditorías fiscales
Cucurullo subrayó que la revisión de declaraciones juradas de impuestos no debería considerarse un medio principal de recaudación, sino más bien un instrumento disuasorio que ayude a controlar la evasión fiscal.
Propuestas para mejorar la recaudación
Para abordar el problema de la evasión fiscal, el consultor sugirió rediseñar la política de revisión de escritorio de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
Propuso un enfoque en la identificación de contribuyentes omisos y la posibilidad de reuniones con estos sectores, otorgando un periodo de gracia general que permita aceptar las declaraciones juradas del ISR y del ITBIS presentadas de forma voluntaria por un solo año, en lugar de los tres a cinco años que actualmente se exigen.
