RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- El director de contrataciones públicas, Carlos Pimentel, afirmó que la entidad ha emitido cinco resoluciones que anulan toda la documentación relacionada con la licitación para la contratación de semáforos. En declaraciones, Pimentel explicó que la empresa responsable enfrenta un proceso de inhabilitación permanente, y el caso fue remitido a la Procuraduría General de la República para su investigación.
“Emitimos cinco resoluciones en las cuales anulamos toda la documentación vinculada a esa licitación. Además, hemos iniciado un proceso de inhabilitación permanente de la empresa y remitimos el caso a la Procuraduría General de la República. En cuanto a nuestras competencias, hemos cumplido con el mandato de la Ley 340”, señaló Pimentel, quien reiteró que la Dirección General de Contrataciones Públicas ha actuado en conformidad con sus responsabilidades.
Pimentel agregó que el Ministerio Público está a cargo del caso y destacó que la entidad que dirige se mantiene a disposición para colaborar con cualquier información o documentación adicional que requiera el Ministerio Público en el marco de la investigación.
El funcionario también subrayó la prudencia con la que ha manejado el caso hasta el momento. “Hay mucho más que decir sobre ese caso, pero seré prudente. Esperaremos a que se desarrolle el juicio, donde se conocerá toda la verdad”, afirmó, evitando emitir opiniones adicionales mientras no exista una acusación formal.
En el mismo contexto, Pimentel reafirmó que el proceso está en una nueva fase, bajo la supervisión del Ministerio Público, el cual sigue con su labor de investigar las responsabilidades correspondientes. Además, destacó que la Dirección General de Contrataciones Públicas ha cumplido con todas las normativas establecidas para garantizar la transparencia en este proceso.
Por otro lado, el caso continúa generando interés público, ya que involucra a una empresa clave en la gestión de semáforos en el país. Aunque las investigaciones están en curso, se espera que, en las próximas semanas, el Ministerio Público emita un informe con más detalles sobre las posibles infracciones cometidas por la empresa en cuestión.
