RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) canceló el acto de adjudicación para la renta de camiones compactadores realizado por la Junta Municipal de Verón-Punta Cana y ordenó la convocatoria de un nuevo procedimiento tras detectar irregularidades y violaciones al debido proceso.
De acuerdo con Bavaro News, entre las irregularidades destacadas se encontró el uso no autorizado de la firma digital del director de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, lo que generó sorpresa en el titular de esta dependencia estatal.
La contratación, valorada en 13,540,000 pesos y destinada a la recolección de desechos sólidos por un periodo de cuatro meses, presentó múltiples deficiencias en las etapas de evaluación y documentación, según el informe de la DGCP.
El proceso fue convocado por la Junta Municipal bajo el procedimiento de excepción por urgencia Ayto. Verón-MAE-PEUR-2024-0002 el 23 de mayo de 2024, a través del Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECP). Se recibió una única oferta de «Relleno Sanitario Vermont, SRL.» Sin embargo, los peritos de Contrataciones Públicas hallaron documentos pertenecientes a otro proveedor, Crozzier, S.R.L.
Según una carta de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones de la Junta Municipal, el oferente cometió un error al incluir documentación de otra compañía, lo que resultó en la adjudicación incorrecta a nombre de Relleno Sanitario Vermont SRL en lugar de Crozier SRL. La Junta Municipal notificó este error a Contrataciones Públicas el 6 de junio de 2024.
La DGCP identificó varias irregularidades: falta de documentos legales, financieros y técnicos, ausencia del acto notarial de recepción y apertura de ofertas, y carencia de la garantía de seriedad de la oferta. La oferta técnica tampoco estaba completamente publicada en el SECP, y se encontraron formularios a nombre de Crozzier, S.R.L., a pesar de que la oferta fue cargada bajo Relleno Sanitario Vermont, SRL.
Estas discrepancias, junto con la falta de evaluación adecuada por parte de los peritos, llevaron a la adjudicación errónea del contrato. El informe de la DGCP destacó que no se verificó el informe de evaluación económica, ni se encontraron actas del comité de compras que aprobaran los informes presentados.
Debido a estas irregularidades, la DGCP concluyó que el acto de adjudicación estaba viciado y afectado de nulidad de pleno derecho. Se ordenó a la Junta Municipal cancelar el procedimiento actual y convocar un nuevo proceso que garantice la ejecución correcta de cada etapa, desde la convocatoria hasta el cierre del contrato.
