Por Jeimy Moquete
RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- El abogado constitucionalista Namphi Rodríguez, coordinador de la comisión consultiva que redactó el proyecto de Ley de Libertad de Expresión y Medios de Comunicación, aclaró este domingo varios aspectos del texto legislativo depositado en el Senado la semana pasada.
Rodríguez aseguró que los medios y programas que operan a través de plataformas digitales no estarán obligados a colaborar con instituciones estatales ni existirá un órgano con autoridad para eliminar sus contenidos.
Explicó que la reforma a la Ley 6132, vigente desde 1962, tiene como propósito central fortalecer la libertad de expresión y los derechos de los usuarios de plataformas digitales, sin recurrir a mecanismos represivos. Una muestra de ese enfoque, indicó, es la eliminación de penas de prisión por difamación e injuria.
Alcance y límites del nuevo instituto
El jurista precisó que el Instituto Nacional de Comunicación (Inacom), propuesto como órgano regulador, no tendrá facultades para sancionar ni suprimir contenidos en redes sociales ni medios tradicionales, salvo en casos relacionados con la protección de la niñez y la dignidad humana.
Agregó que el término “plataformas digitales” en el proyecto se refiere a grandes redes como Facebook, Instagram y X, a las que se exigiría transparencia, pero no censura. En su cuenta de X, reiteró que Inacom no tendrá competencia para vigilar o regular contenidos emitidos por individuos o medios.
Respecto a la responsabilidad de las plataformas, aclaró que el proyecto establece que no serán responsables por contenidos de terceros, excepto cuando incumplan una sentencia judicial.
Autonomía del órgano regulador
La propuesta legislativa contempla un Inacom con autonomía frente al Poder Ejecutivo, cuyos miembros serían designados por el Congreso Nacional. Según Rodríguez, este modelo busca otorgar legitimidad y evitar subordinación al poder político.
Recordó que el proyecto fue fruto de más de dos años de consultas con organizaciones nacionales e internacionales. Entre ellas se encuentran la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD), el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), académicos y expertos constitucionalistas.
Llamado al debate y estándares internacionales
Rodríguez llamó a la ciudadanía a participar en el debate y a proponer mejoras para enriquecer la iniciativa. Subrayó que el proyecto cumple con estándares internacionales, como los de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la CIDH y las directrices de la Unesco sobre gobernanza digital.
El Congreso analizará esta propuesta en un contexto en el que ha evaluado varios proyectos cuestionados por su posible impacto negativo sobre la libertad de prensa, como los de ciberseguridad, protección al honor y al buen nombre, la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y la regulación de la publicidad estatal.
