RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- La presidenta de la Junta Directiva de la Confederación Patronal de la República Dominicana (Copardom), Laura Peña Izquierdo, aclaró que el sector empresarial no busca eliminar las cesantías establecidas en el Código de Trabajo, sino modificar su estructura con el objetivo de reducir costos laborales y modernizar la legislación laboral vigente.
Buscan equilibrio entre empresas y empleados.
Peña Izquierdo explicó que la Ley de Seguridad Social, en su artículo 50, contemplaba la implementación de un «seguro de desempleo» para reemplazar las cesantías de forma gradual, pero esta medida no se aplicó. En la actualidad, el empresariado propone modificar las cesantías para establecer un límite a esta indemnización, lo que permitiría lograr un equilibrio entre la estabilidad laboral y la sostenibilidad de las empresas.
“Al empresariado se le ha malinterpretado, nunca hemos dicho que se van a eliminar las cesantías, sino modificarlas”, expresó Peña Izquierdo.
La presidenta de Copardom indicó que el problema de las cesantías radica en que no existe un tope definido para el sector privado. Actualmente, la cesantía se calcula en 21 días por cada año trabajado hasta los cinco años de empleo, y a partir de los cinco años, se otorgan 23 días por cada año, con un aumento conforme el empleado acumula años en la empresa.
«Lo que nosotros queremos es que, con un tope en las cesantías, el costo laboral disminuiría, lo que motivaría al empresariado a contratar a más personas, ya que no tendría que asumir una carga tan alta», señaló Peña Izquierdo.
Necesidad de modernizar el Código Laboral
La presidenta de Copardom también destacó que el Código Laboral de la República Dominicana, aprobado en 1992, ya no refleja la realidad económica y laboral actual del país, lo que hace urgente una modernización. En 1992, el sector empresarial no tenía el sistema de seguridad social actual, que en la actualidad financia el 70 % de sus costos. Peña Izquierdo recordó que en 2001, con la creación de la Ley de Seguridad Social, los empleados adquirieron protección social, que incluye riesgos laborales, salud y pensiones, lo que representa una carga adicional para los empleadores.
«El sector empresarial dice: necesitamos adaptar el Código del Trabajo a la realidad actual del país», concluyó Peña Izquierdo.
