RDÉ DIGITAL, WASHINGTON. – La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó la aplicación de una medida que abre la vía para la deportación de millas de migrantes haitianos protegidos bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS). La decisión impacta directamente a cerca de 350.000 ciudadanos de Haití que residían bajo este amparo migratorio.
El fallo, emitido por la mayoría conservadora del tribunal, respalda la posición del presidente Donald Trump en su política migratoria. Además, también afecta a un grupo menor de ciudadanos sirios incluidos en el mismo programa.
La resolución establece que las decisiones del Departamento de Seguridad Nacional sobre el TPS no pueden ser revisadas por jueces federales. Por lo tanto, se limita la posibilidad de impugnar la cancelación de este estatus.
Corte Suprema respalda fin del TPS para haitianos
La Corte Suprema, con una votación de 6-3, concluyó que la ley que regula el TPS impide la revisión judicial de su terminación. Asimismo, argumentó que el texto legal es claro en cuanto a la discrecionalidad del Gobierno.
El programa TPS fue creado en 1990. Su objetivo es proteger a personas que no pueden regresar a sus países de origen debido a conflictos o desastres naturales.
Sin embargo, el tribunal demostró que el Gobierno federal tiene autoridad para finalizar estas protecciones sin intervención judicial. En consecuencia, se abre la posibilidad de deportación para los beneficiarios afectados.
Además, la decisión genera preocupación en comunidades migrantes que dependen de este estatus para permanecer y trabajar legalmente en Estados Unidos.
Impacto en migrantes haitianos y sirios
La medida afecta principalmente a unos 350.000 haitianos y más de 6.000 sirios. Asimismo, podría repercutir en otros grupos migratorios de distintos países protegidos por el TPS.
El fallo también se produce en un contexto de mayor endurecimiento de la política migratoria estadounidense. Por lo tanto, organizaciones de derechos humanos han advertido sobre posibles consecuencias sociales y humanitarias.
La Corte sostuvo que las expresiones políticas del Ejecutivo no constituyen criterios raciales directos en el marco legal del caso. Además, justificó la decisión bajo argumentos de interpretación normativa.
Finalmente, el debate sobre el futuro del TPS continúa abierto. En consecuencia, se espera una reacción de organizaciones migrantes y autoridades internacionales ante el alcance de la medida.
