RDÉ DIGITAL, ESTADOS UNIDOS.- La Corte Suprema convocó una sesión especial para escuchar argumentos sobre si el entonces presidente Donald Trump puede ser procesado por sus intentos de revertir su derrota electoral de 2020 frente al demócrata Joe Biden.
La causa, que se presentará el jueves, surge de los esfuerzos de Trump para que se desestimen los cargos en su contra. Los tribunales inferiores han dictaminado que no puede demandar por acciones que, según los fiscales, buscaban interferir ilegalmente en los resultados electorales.
El expresidente republicano enfrenta acusaciones ante un tribunal federal de Washington de conspirar para anular las elecciones de 2020, una de las cuatro causas penales que enfrenta. En Nueva York, comenzó un juicio por pagos de dinero a una estrella porno para encubrir un supuesto encuentro sexual. La Corte Suprema está avanzando más rápido de lo habitual al abordar el caso, aunque no tanto como quería el fiscal especial Jack Smith, lo que plantea interrogantes sobre si habrá tiempo para celebrar un juicio antes de las elecciones de noviembre, si los magistrados están de acuerdo con los tribunales inferiores en que Trump puede ser procesado.
Los jueces fallaron a principios de este mandato en otro caso que surgió de las acciones de Trump después de las elecciones, que culminaron con el ataque del 6 de enero de 2021 al Capitolio de Estados Unidos. El tribunal sostuvo por unanimidad que los estados no podían invocar una disposición de la 14.ª enmienda conocida como cláusula de insurrección para impedir que Trump aparezca en las boletas para la elección presidencial. Algunos aspectos destacados del caso:
Cuando los magistrados acordaron el 28 de febrero escuchar el caso, lo plantearon de esta manera: “Si, y en qué medida, un expresidente disfruta de inmunidad presidencial ante un proceso penal por conducta que presuntamente involucra medidas oficiales durante su tiempo de mandato”. Es una pregunta a la que la Corte Suprema no ha tenido que responder. Nunca antes un expresidente ha enfrentado cargos penales, por lo que el tribunal no ha tenido la oportunidad de abordar la cuestión de si la función única del presidente significa que disfruta de inmunidad judicial incluso después de dejar el cargo.
Ambas partes señalan la falta de procesamientos previos para respaldar sus argumentos. Los abogados de Trump dijeron al tribunal que los presidentes perderían su independencia y serían incapaces de desempeñarse en su labor si supieran que sus acciones en funciones pueden dar lugar a cargos penales una vez finalizados sus mandatos. El equipo de Smith escribió que la falta de cargos penales previos “subraya la naturaleza sin precedentes” de lo que se acusa a Trump.
Richard Nixon renunció en deshonra a la presidencia hace casi 50 años en lugar de enfrentar un juicio político por parte de la Cámara de Representantes y la destitución de su cargo por el Senado debido al escándalo Watergate.
Tanto los abogados de Trump como el equipo de Smith invocan a Nixon ante la Corte Suprema. El equipo de Trump cita Nixon vs. Fitzgerald, un caso de 1982 en el que la Corte Suprema sostuvo, por 5 votos a favor y 4 en contra, que los expresidentes no pueden ser demandados en casos civiles por sus acciones mientras estaban en el cargo.
El caso surgió del despido de un analista civil de la Fuerza Aérea que testificó ante el Congreso respecto a sobrecostos en la producción del avión de transporte C-5A. “En vista de la naturaleza especial del cargo y las funciones constitucionales del presidente, creemos apropiado reconocer la inmunidad presidencial absoluta frente a la responsabilidad por daños y perjuicios por actos dentro del ‘perímetro exterior’ de su responsabilidad oficial”, escribió el juez Lewis Powell para el tribunal.
Pero esa decisión reconoció una diferencia entre las demandas civiles y la aplicación “de mucho más peso” de las leyes penales federales, dijo el equipo de Smith al tribunal. También invocó la decisión del tribunal superior que obligó a Nixon a entregar cintas incriminatorias de la Casa Blanca para usarlas en los procesamientos de sus principales asistentes. Y los fiscales también señalaron que el indulto del presidente Gerald Ford a Nixon, y su aceptación por parte de Nixon, se basó “en el entendimiento de que el expresidente enfrentaba una posible responsabilidad penal”.
El subtexto de la lucha por la inmunidad tiene que ver con el tiempo. Trump ha buscado retrasar el juicio hasta después de las elecciones, cuando, si recuperara la presidencia, podría ordenar al Departamento de Justicia que abandone el caso. Los fiscales han presionado para que la Corte Suprema tome una decisión rápida para que el tiempo pueda reiniciarse en los preparativos del juicio.
Podrían pasar tres meses antes de que comience realmente el juicio una vez que el tribunal actúe. Si el tribunal dicta su decisión a finales de junio, que sería el plazo típico para un caso presentado cuando el período de sesiones está tan avanzado, podría no haber tiempo suficiente para iniciar el juicio antes de las elecciones.
Trump está representado por D. John Sauer, exbecario Rhodes y secretario de la Corte Suprema para el juez Antonin Scalia. Mientras se desempeñaba como procurador general de Missouri, Sauer ganó el único caso de la Corte Suprema que ha defendido hasta ahora, una decisión de 5 a 4 en un caso de ejecución. Sauer también presentó escritos legales en los que pidió a la Corte Suprema repudiar la victoria de Biden en 2020.
Además de trabajar para Scalia al principio de su carrera jurídica, Sauer también se desempeñó como asistente legal de Michael Luttig cuando era juez designado por los republicanos en el tribunal federal de apelaciones con sede en Richmond, Virginia. Luttig se unió a otros exfuncionarios del gobierno en un escrito que instó a la Corte Suprema a permitir que prosiga el procesamiento. Luttig también aconsejó al vicepresidente Mike Pence que no sucumbiera a la presión de Trump.
