RDÉ DIGITAL, WASHINGTON.– La Corte Suprema de Estados Unidos mostró este jueves su indecisión sobre si los jueces pueden bloquear a nivel nacional una orden del expresidente Donald Trump que pretende eliminar la ciudadanía automática por nacimiento. El controvertido decreto, firmado el 20 de enero de su investidura, busca negar este derecho a hijos de migrantes en situación irregular o bajo estatus temporal, como asilados o portadores de visas.
El principio de ciudadanía por nacimiento está protegido por la 14.ª Enmienda de la Constitución, en vigor desde 1868. Esta norma ha sido una de las garantías fundamentales del sistema jurídico estadounidense, estableciendo que toda persona nacida en el país es ciudadana sin importar el estatus migratorio de sus padres.
Debate judicial y división en la Corte
El decreto fue rápidamente impugnado por tribunales federales en Maryland, Massachusetts y Washington, que lo consideraron inconstitucional. Frente a estos fallos, la administración Trump acudió a la Corte Suprema, de mayoría conservadora, con el argumento de que las medidas cautelares universales sobrepasan las funciones del poder judicial y perjudican la separación de poderes.
“El uso de órdenes judiciales nacionales se ha convertido en un arma nuclear contra el poder ejecutivo”, afirmó el asesor legal John Sauer. Sin embargo, juezas progresistas como Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson advirtieron del riesgo de crear un sistema desigual, donde solo quienes tengan acceso a abogados puedan proteger sus derechos.
Ciudadanía en el limbo legal
Jeremy Feigenbaum, procurador general de Nueva Jersey, advirtió que permitir decisiones fragmentadas podría generar “un caos legal”, donde la ciudadanía se active o desactive según la jurisdicción. Aunque reconoció el exceso en el uso de órdenes universales, defendió su aplicación en este caso por su alto impacto.
Mientras tanto, Trump continúa su ofensiva en redes sociales, desestimando la ciudadanía por nacimiento como un recurso de “turismo de parto” y calificando a quienes se benefician de ella como “aprovechados”. Para él, la 14.ª Enmienda no ampara a hijos de migrantes temporales o en situación irregular, aunque la Corte Suprema ya rechazó una interpretación tan limitada en 1898.
La Corte Suprema aún no decide si permitirá que el decreto de Trump entre en vigor mientras se resuelve el fondo del caso. Sin embargo, todo indica que esta batalla legal llegará a su máximo nivel: definir si un presidente puede reinterpretar unilateralmente uno de los pilares constitucionales del país.
