Por Jeimy Moquete
RDÉ DIGITAL, BASÍLIA.- El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue notificado judicialmente este miércoles del proceso abierto en su contra por la Corte Suprema por acusaciones de golpismo, mientras se encuentra internado en una unidad de cuidados intensivos (UCI) tras una operación intestinal.
Según informaron sus portavoces, un oficial de justicia se presentó en el hospital donde Bolsonaro se recupera de una intervención quirúrgica de doce horas realizada hace diez días. El exmandatario calificó la situación de “increíble”, luego de participar, este martes, en una transmisión en directo desde la misma sala junto a dos de sus hijos y un empresario, en la que promovieron una nueva marca de cascos de moto.
El proceso penal fue iniciado el pasado 26 de marzo, cuando la Corte Suprema aceptó las denuncias presentadas por la Fiscalía General por intento de golpe de Estado y otros delitos. Aunque la notificación debía realizarse la semana pasada, el procedimiento se pospuso por motivos de salud. No obstante, el tribunal consideró que la reciente aparición pública de Bolsonaro demostraba que estaba en condiciones de recibirla.
Otros siete acusados por los mismos hechos fueron notificados entre el 11 y el 15 de abril. Bolsonaro era el único pendiente de cumplir con el trámite judicial.
La denuncia de la Fiscalía sostiene que el expresidente y varios de sus colaboradores conspiraron para impedir la investidura de Luiz Inácio Lula da Silva, vencedor de las elecciones de octubre de 2022. Como parte del plan, se menciona la organización de manifestaciones frente a cuarteles en todo el país, con exigencias de intervención militar para revertir los resultados.
La investigación también vincula a Bolsonaro con los disturbios del 8 de enero de 2023, cuando manifestantes invadieron y destruyeron las sedes de la Presidencia, el Congreso y la Corte Suprema, una semana después de la toma de posesión de Lula.
Hasta la fecha, más de 500 personas han sido condenadas por delitos relacionados con estos hechos, incluyendo golpe de Estado y destrucción del patrimonio público, con penas de hasta 17 años de prisión.
