RDÉ DIGITAL, PUERTO PRÍNCIPE.– La Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos (RNDDH) presentó este viernes un duro informe en el que acusa al Consejo Presidencial de Transición de Haití (CPT) de haber agravado la crisis institucional y social del país. Según el reporte, en su primer año de gobierno —tras asumir el 25 de abril de 2024—, el CPT ha gobernado con “una ausencia total de liderazgo, sin orientación, sin visión y sin proyecto de sociedad”.
La organización afirma que, donde la ciudadanía esperaba reformas y recuperación institucional, el CPT solo ha ofrecido “una gestión mafiosa de los asuntos del Estado”. La RNDDH denuncia también el silenciamiento de las víctimas, el aumento de la impunidad y la depredación de los recursos públicos.
Violencia imparable y colapso de servicios
El balance de seguridad en este primer año resulta alarmante. Según la RNDDH, se han registrado 13 masacres y ataques armados, con un saldo de al menos 4.405 asesinatos y 3.084 actos de violencia sexual, incluidos 1.837 casos de violación, algunas de ellas colectivas.
Entre las víctimas figuran 31 agentes de la Policía Nacional Haitiana (PNH), 8 militares de las Fuerzas Armadas de Haití (FAD’H) y 2 miembros de la Misión Nacional de Apoyo a la Seguridad (MMS). Mientras tanto, las bandas armadas controlan amplias zonas del país, regulando la circulación mediante puestos de peaje ilegales.
En paralelo, el sistema de salud y educación —ya precario— ha sufrido mayores daños, con escuelas y hospitales saqueados o cerrados. No existe un plan de reactivación económica efectivo, y los programas de asistencia social presentan serias dudas sobre su eficacia.
Llamado urgente a reformas y rendición de cuentas
Ante este panorama, la RNDDH exige medidas inmediatas: la destitución de consejeros presidenciales y observadores acusados de corrupción, la reducción del nivel de vida de los miembros del CPT y la eliminación de gastos injustificados. También propone la creación del Órgano de Control de las Acciones del Gobierno (OCAG) y del Consejo Nacional de Seguridad, como estipula el acuerdo político del 3 de abril de 2024.
La organización insiste en la necesidad de restablecer las condiciones mínimas de seguridad para el retorno de la población desplazada y exige que el proceso de transición culmine con la entrega del poder el 7 de febrero de 2026, tal como fue acordado.
“El CPT ha fallado en proteger y defender los intereses del Estado”, concluye el informe, señalando que la única salida para Haití pasa por un proceso de depuración institucional y el fortalecimiento de sus estructuras democráticas.
