RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- El economista y miembro del comité político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Juan Ariel Jiménez, afirmó que el actual debate en el país se centra en una reforma tributaria y no en un verdadero pacto fiscal.
Jiménez explicó que la reforma propuesta busca aumentar los ingresos del Estado mediante la imposición de nuevos impuestos y el aumento de los existentes, sin detallar el destino de las recaudaciones ni acordar su uso con los diversos sectores de la sociedad.
«Esta reforma sólo busca que los ciudadanos y las empresas paguen más impuestos para que el gobierno disponga de más dinero. No constituye un pacto fiscal porque el gobierno aún no ha detallado qué hará con el dinero recaudado. Un pacto debe ser un acuerdo entre partes», subrayó Jiménez.
Además, el economista destacó la necesidad de revisar el gasto público, señalando que el debate no debe centrarse únicamente en cuánto pagarán los ciudadanos y las empresas, sino también en cómo se está gestionando el gasto gubernamental.
Según Jiménez, desde 2019, el gasto en nómina ha aumentado en 131,883 millones de pesos, un incremento cercano al 64%, sin que se hayan percibido mejoras en los servicios públicos como la salud, la educación y el sistema eléctrico.
«No podemos exigir que los ciudadanos paguen más impuestos sin que se vean mejoras en los servicios públicos que financian», criticó Jiménez, quien también abogó por la eliminación de algunos impuestos que, en su opinión, causan más daño a la sociedad que el beneficio económico que aportan.
En este sentido, propuso eliminar el anticipo, argumentando que obliga a las empresas a pagar en función de su desempeño del año anterior, lo cual puede ser problemático si el presente año ha sido menos favorable, llevándolas a endeudarse a tasas altas.
Jiménez concluyó que una reforma tributaria debe ser parte de un pacto fiscal inclusivo, donde se acuerden los destinos de las recaudaciones y se revisen los gastos, garantizando que los ciudadanos perciban mejoras tangibles en los servicios públicos. Fuente: El Nuevo Diario
