RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- Expertos en derecho constitucional y legisladores expresaron dudas sobre la independencia del próximo procurador general de la República, argumentando que el proceso de selección carece de transparencia y participación ciudadana.
El abogado constitucionalista Eduardo Jorge Prats y el vocero del bloque de diputados de la Fuerza del Pueblo, Rafael Castillo, coincidieron en que, pese al uso del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), la designación sigue dependiendo del presidente Luis Abinader.
Uno de los principales cuestionamientos es la ausencia de vistas públicas para que la sociedad conozca a los aspirantes. Jorge Prats consideró que la elección en un procedimiento secreto dentro del CNM limita la transparencia y excluye la participación ciudadana.
“Sorprende cómo políticos, gobierno, oposición, prensa, sociedad civil y abogados aceptan que se elija un procurador sin vistas públicas. Si al final será el presidente quien lo designe en el CNM, ¿por qué no se dejó en sus manos directamente?”, cuestionó el jurista.
Jorge Prats también señaló que el proceso se está realizando con demasiada rapidez, sin un análisis profundo de los candidatos. “Nos llevan a la carrera como caña para el ingenio. ¿Por qué tanta prisa? Mientras los jueces pasan por vistas públicas, el procurador y sus adjuntos no tienen el mismo escrutinio”, expresó.
Por su parte, el diputado Rafael Castillo calificó de “ridículo” hablar de independencia en la elección del procurador, ya que, según afirmó, será el propio Abinader quien escoja tanto al titular del Ministerio Público como a sus siete adjuntos.
El Consejo Nacional de la Magistratura aprobó el pasado viernes los nuevos reglamentos para la selección del procurador y sus adjuntos. Sin embargo, las críticas sobre la falta de transparencia en el proceso persisten.
Castillo recordó que su partido, Fuerza del Pueblo, siempre se opuso a la reforma constitucional que introdujo este método de designación, alegando que solo extendía el proceso sin garantizar una verdadera independencia del Ministerio Público.
