RDÉ DIGITAL, ESTADOS UNIDOS (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no descarta invocar la Ley de Insurrección para enfrentar los recientes episodios de desorden civil en distintas ciudades del país, una medida que le permitiría desplegar al Ejército en tareas de control interno.
Aunque conocida popularmente como la Ley de Insurrección de 1807, este marco legal está conformado por varios estatutos aprobados entre 1792 y 1871, según el Centro Brennan para la Justicia, un instituto de pensamiento no partidista. La normativa es considerada una de las herramientas de emergencia más amplias a disposición del mandatario.
En condiciones normales, la ley Posse Comitatus impide que las fuerzas armadas participen en acciones de aplicación de la ley civil. Sin embargo, la invocación de la Ley de Insurrección suspende temporalmente esa restricción, permitiendo al presidente ordenar el uso del Ejército para apoyar a las autoridades locales.
La ley está diseñada para aplicarse en situaciones en que las autoridades civiles no puedan mantener el orden, aunque su redacción ofrece una gran discrecionalidad al Ejecutivo. De acuerdo con el Centro Brennan, las secciones 252 y 253 permiten el despliegue militar sin el consentimiento de los gobiernos estatales, e incluso en contra de su voluntad.
Históricamente, la Ley de Insurrección se ha invocado en momentos de alta tensión social. La última vez fue en 1992, cuando el entonces presidente George H. W. Bush autorizó el envío de tropas a Los Ángeles tras los disturbios provocados por la absolución de cuatro policías acusados de agredir a Rodney King. También fue utilizada por Dwight Eisenhower y John F. Kennedy para garantizar la integración racial en las escuelas públicas en las décadas de 1950 y 1960.
Trump ha mencionado la posibilidad de aplicar la medida en Portland, Oregón, ciudad que, según dijo, se encuentra “en llamas” debido a las protestas. No obstante, la jueza federal Karin Immergut, designada por el propio Trump, emitió una orden temporal que prohíbe el despliegue de tropas de la Guardia Nacional mientras analiza una demanda estatal que considera ilegal esa acción.
El debate sobre los límites del poder presidencial vuelve así al centro de la discusión. Mientras el Congreso tiene la facultad de reformar la Ley de Insurrección, el Centro Brennan advierte que su ambigüedad actual deja abierta la posibilidad de un uso amplio del Ejército dentro del territorio estadounidense sin una supervisión clara.
