RDÉ DIGITAL, BUENO AIRES.– Argentina enfrenta este martes una nueva polémica vinculada al Gobierno de Javier Milei y su relación con los medios de comunicación, tras la implementación de un decreto que limita la ley de acceso a la información pública.
Organizaciones civiles y medios de comunicación expresan su preocupación por la reciente reglamentación del Ejecutivo, publicada en el Boletín Oficial. El decreto establece que el Estado no está obligado a proporcionar información sobre la vida privada de los funcionarios ni sobre documentos preparatorios de decisiones estatales, como papeles de trabajo y reuniones previas. Además, amplía los criterios de excepción para la divulgación de información pública.
Desde hace siete años, la ley de Acceso a la Información Pública en Argentina permite a la ciudadanía solicitar información pública, lo que ha sido fundamental para revelar comportamientos impropios de las autoridades, colaborar en investigaciones judiciales y esclarecer reuniones de funcionarios públicos.
El nuevo decreto firmado por Milei restringe el acceso a información sobre la residencia oficial de Olivos y aspectos privados del mandatario, excluyendo «la esfera típicamente doméstica» de las solicitudes de información pública.
La Fundación Poder Ciudadano criticó en sus redes sociales que «ningún decreto puede restringir el acceso a la información pública más allá de lo que establece la Ley sancionada democráticamente por el Congreso». También recordó que «el acceso a la información pública es un derecho humano consagrado en pactos y tratados internacionales» y que «la información está en manos del Estado, pero le pertenece a la ciudadanía».
Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano, anunció en Radio Mitre que la organización está considerando llevar el caso a la Justicia para que declare «inconstitucional» el decreto. De no ser así, espera que el Gobierno «reconozca el error y revoque el decreto».
El Foro de Periodismo Argentino (Fopea) también rechazó las nuevas restricciones, calificándolas como un «grave retroceso democrático» que «desalienta la participación ciudadana en los asuntos del Estado y oscurece la gestión pública». Fopea alertó que estas medidas «atacan todos los principios de transparencia activa» y destacó la introducción de un artículo que establece indemnizaciones por violación del principio de buena fe.
El foro subrayó que «toda la información en poder de órganos públicos debe ser divulgada» y que «los ciudadanos son los verdaderos dueños de la información pública», haciendo hincapié en que su acceso no debe ser una concesión discrecional de los gobiernos, sino un imperativo normado.
