RDÉ DIGITAL, WASHINGTON.- Una coalición de grupos defensores de los inmigrantes ha presentado una demanda contra el gobierno federal por la reciente directriz del presidente Joe Biden que prácticamente suspende las solicitudes de asilo en la frontera sur de Estados Unidos.
Esta medida, que entró en vigor la semana pasada, limita la tramitación de solicitudes una vez que los encuentros diarios de migrantes entre los puertos de entrada alcancen los 2,500. La demanda, liderada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), argumenta que esta suspensión del asilo viola la ley federal de inmigración.
La directriz de Biden se basa en la misma autoridad jurídica utilizada por el gobierno de Trump, la Sección 212(f) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que permite al presidente limitar la entrada de ciertos migrantes si se considera perjudicial para los intereses del país. Sin embargo, según Lee Gelernt, abogado de la ACLU, esta acción es “jurídicamente indistinguible” de la prohibición de asilo implementada por Trump y bloqueada por los tribunales.
La Casa Blanca ha defendido la orden de Biden, argumentando que incluye exenciones por motivos humanitarios, como víctimas de tráfico de personas y menores no acompañados. A pesar de estas exenciones, los activistas sostienen que las restricciones son “extremadamente limitadas” y que imponen una carga indebida a los migrantes para expresar temor de regresar a sus países de origen.
Además, la demanda aborda las dificultades prácticas que enfrentan los migrantes al utilizar la app CBP One para programar citas en cruces fronterizos oficiales. Los grupos denunciantes han expresado que esta aplicación no es accesible para todos los migrantes y que ha dejado a muchos en condiciones precarias en México mientras esperan una cita.
La controversia generada por estas restricciones al asilo evidencia las complejidades y desafíos en la política migratoria de Estados Unidos, que continúa siendo objeto de debate y escrutinio tanto a nivel nacional como internacional. La demanda presentada por la ACLU y otros grupos representa un paso significativo en la lucha por los derechos de los migrantes y en el cuestionamiento de las políticas migratorias de la administración actual.
