RDÉ DIGITAL, VENEZUELA (EFE).- Diversas organizaciones internacionales en defensa de los derechos humanos emitieron un comunicado en el que condenan los altos índices de represión y violencia en Venezuela, y demandan a las autoridades garantizar el derecho a la protesta y el respeto de los derechos de los venezolanos, considerados “elementos esenciales” para una democracia.
El comunicado expresa preocupación por las detenciones “arbitrarias” y la criminalización de la protesta en un contexto preelectoral y postelectoral caracterizado por la represión y múltiples violaciones de derechos humanos. Estas violaciones incluyen “un grave patrón de detenciones por razones políticas, muertes potencialmente ilícitas, restricciones a la libertad de prensa y cortes de internet”.
Las organizaciones también manifestaron alarma por las recientes declaraciones del fiscal general venezolano, Tarek William Saab, quien ha anunciado que los detenidos en relación con las protestas enfrentan cargos como instigación pública, obstrucción de vías públicas, instigación al odio, resistencia a la autoridad y, en casos graves, terrorismo, con posibles penas de cárcel.
El llamado al cese de la criminalización de la protesta y al cumplimiento de los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza es contundente. Las entidades instan a las autoridades a “desescalar la conflictividad, hacer uso de medios no violentos, utilizar la fuerza de manera progresiva y diferenciada, y respetar el derecho a la participación política a través del proceso electoral”.
Entre las organizaciones que firmaron el comunicado se encuentran Amnistía Internacional, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), CIVICUS, la Comisión Internacional de Juristas, Freedom House, Global Centre for the Responsibility to Protect, la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y Robert F. Kennedy Human Rights.
Estas entidades hacen un llamado al cese del uso de armas para reprimir la protesta y subrayan que “en ningún caso la fuerza letal puede ser utilizada para el control de manifestaciones”, especialmente cuando el uso de la fuerza por parte del Estado podría ser considerado arbitrario o incluso una ejecución extrajudicial.
También solicitan una investigación “pronta, independiente e imparcial” sobre estos casos y piden a la comunidad internacional que exija el respeto a los derechos civiles y políticos en Venezuela y que mantenga vigilancia ante posibles graves violaciones de derechos humanos en el contexto de las protestas.
Desde el lunes, miles de ciudadanos afines a la oposición han protestado contra el resultado de las elecciones presidenciales, que dieron la victoria al dirigente Nicolás Maduro. La oposición califica el resultado de “fraude”, lo que ha llevado a una parte significativa de la comunidad internacional a cuestionar la transparencia del proceso y a exigir la publicación de las actas de votación.
El Centro Carter, que actuó como observador en los comicios, declaró el martes que el proceso “no se adecuó” a los parámetros y estándares internacionales de integridad electoral, por lo que “no puede ser considerado como una elección democrática”.
